Estafas criptomonedas Salta: La Unidad de Delitos Económicos Complejos logró frenar la libertad condicional de un hombre investigado por múltiples estafas con criptomonedas, tras demostrar que la fianza presentada por su entorno familiar era engañosa e insuficiente.
Estafas criptomonedas Salta
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos fue clave para revertir la situación procesal del acusado.
Una fianza fraudulenta
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio detectó una maniobra irregular al analizar la caución real ofrecida por el padre del imputado. La defensa había presentado un inmueble como garantía, omitiendo deliberadamente que el fiador solo poseía el 50% de la propiedad. Esta falta de transparencia fue determinante para que la Fiscalía cuestionara la solvencia del ofrecimiento.
Salinas Odorisio argumentó que la garantía no podía ser aceptada bajo los términos planteados, ya que la ejecución de una participación indivisa presenta complicaciones legales y comerciales que no aseguran el cumplimiento de las obligaciones procesales. Ante este escenario, la Justicia de Garantías hizo lugar al pedido de la Unidad y revocó la suspensión de la orden de detención y captura internacional que pesaba sobre el sospechoso.
El esquema de estafas y la fuga
El investigado enfrenta cargos por tres hechos de estafas reiteradas. Según la investigación, el hombre captaba a sus amigos bajo la promesa de inversiones en criptomonedas con una rentabilidad mensual del 10%. Tras generar confianza con pagos iniciales, el acusado habría dejado de responder a sus víctimas, acumulando un perjuicio económico que, en uno de los casos, alcanzó los 150.000 dólares.
En febrero de 2022, los damnificados descubrieron que el hombre había abandonado el país. Pese a ser citado a una audiencia de imputación en 2023, nunca se presentó, lo que derivó en su declaración de rebeldía. Actualmente, se espera que la detención se haga efectiva apenas arribe a Argentina, tras confirmarse su deportación desde Australia mediante la intervención de Interpol.
La resolución judicial establece que, una vez que el acusado sea detenido y puesto a disposición de la Justicia, se deberá realizar una nueva audiencia para evaluar cualquier propuesta de garantía que cumpla con los requisitos legales exigidos.
