En un nuevo y explosivo capítulo del Caso Mackentor, los abogados querellantes solicitaron que el presidente Javier Milei preste declaración confesional para responder, bajo juramento, sobre la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Caso Mackentor
Según publicó Ámbito, el pedido se enmarca en la etapa de compensación económica por la ocupación de la constructora en 1977.
El pedido de declaración al Presidente
La solicitud fue presentada por los abogados Juan Carlos Vega y Eduardo Barcesat ante el Tribunal Oral Federal de Córdoba. La figura invocada es la absolución de posiciones, que obliga al mandatario a responder bajo juramento sobre el accionar del Estado, incluyendo la sistemática oposición de la Procuración del Tesoro a cumplir con los mandatos internacionales y el pago de millones de dólares a la firma Supercemento sin investigar la corrupción en la obra pública durante la dictadura.
Los representantes de la familia de Natalio Kejner también solicitaron medidas cautelares, incluyendo embargos sobre cuentas del Estado Nacional, del Ministerio de Economía y de la Tesorería General, además de depósitos de Supercemento y bienes inmuebles vinculados a la empresa al momento de la intervención.
Revés judicial para el Estado
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó dos quejas presentadas por el Estado Nacional que buscaban frenar el procedimiento de reparación económica. Los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky ratificaron que el Tribunal Oral Federal de Córdoba es competente para tramitar la compensación en sede penal, rechazando los intentos estatales de derivar el reclamo al fuero civil.
El caso, que se remonta a 1977 cuando efectivos del Ejército ocuparon las oficinas de la constructora en Córdoba y Buenos Aires, fue calificado por la justicia como parte de un crimen de lesa humanidad. Tras décadas de litigio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado argentino en 2021, marcando un precedente al reconocer a una persona jurídica como víctima de violaciones a la Convención Americana.
Vega denunció que, tras 38 años, recién ahora se desmontan los ocultamientos y silencios de jueces federales de Córdoba sobre las complicidades con el terrorismo de Estado. La querella confía en que el Presidente responda al pliego de preguntas siguiendo el antecedente del Caso Birt, donde el entonces mandatario Raúl Alfonsín prestó declaración en una instancia similar.
