Escándalo judicial en Salta: Un violento episodio ocurrido en el barrio 17 de Octubre de Salta, donde un repartidor de sodas resultó herido de bala, dio un giro inesperado en sede judicial. El acusado del ataque sostiene que no se trató de un robo, sino de una maniobra deliberada para simular un accidente laboral y obtener un beneficio económico de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
Escándalo judicial en Salta
Según publicó El Tribuno, el caso presenta dos versiones contrapuestas que son analizadas por la Justicia.
Dos versiones enfrentadas ante la Justicia
La fiscalía sostiene que el repartidor fue víctima de un robo a mano armada el pasado 27 de abril, cuando dos sujetos en moto lo abordaron, le sustrajeron 200.000 pesos y su celular, para luego dispararle en la pierna, causándole una fractura de tibia. Como prueba principal, los investigadores señalan el hallazgo del teléfono de la víctima durante un allanamiento en la vivienda del imputado, conocido como "Bobo".
Por el contrario, la defensa del acusado presentó una teoría explosiva: el trabajador habría contratado al imputado para que le disparara a cambio de 200.000 pesos, con el fin de fingir un accidente y cobrar una indemnización. El propio imputado ratificó esta versión ante la jueza, asegurando que el supuesto asalto fue un plan acordado previamente.
Traslado y medidas de protección
Durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva, el acusado denunció haber recibido amenazas por parte de otros internos en la Alcaidía para que no revelara los detalles del supuesto pacto. Ante esta situación, la magistrada ordenó su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas para resguardar su integridad física.
La jueza decidió mantener la prisión preventiva del imputado por 25 días, aunque instó a la defensa a presentar en un plazo de 24 horas las pruebas que respalden la teoría del robo simulado. Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si existe sustento para la denuncia de estafa o si el hecho debe continuar bajo la carátula de robo calificado por el uso de arma de fuego.
El caso permanece bajo investigación, con el foco puesto en esclarecer si el disparo fue parte de un delito contra la propiedad o una maniobra fraudulenta contra el sistema de Riesgos del Trabajo. La Justicia también deberá investigar las amenazas denunciadas dentro del ámbito de detención.
