Hay historias que desnudan las cloacas más oscuras del poder feudal en el norte argentino, esas que ningún medio tradicional se atreve a contar por complicidad o por miedo. Durante más de tres décadas, una familia vivió atrapada en los engranajes de un sistema judicial salteño diseñado para encubrir privilegios, despojar legítimas herencias y desgastar vidas humanas. Sin embargo, cuando la balanza humana estuvo viciada de impunidad, la persistencia inquebrantable de la fe y la providencia terminaron doblando el brazo de quienes se creían intocables.
Corrupción judicial un juicio
Tres décadas de bloqueo y blindaje judicial
El origen del calvario se remonta al fallecimiento de María Helvecia Posadas. Su cuantiosa sucesión —compuesta por más de un millar de hectáreas de alto valor productivo e histórico en Horcones (Rosario de la Frontera), maquinarias y semovientes— quedó judicialmente congelada durante 31 años.
La causa no se paralizó por mero azar procesal. El ejecutor testamentario y albacea designado en la manda no era un ciudadano cualquiera: era el doctor Guillermo Alberto Posadas, quien integró durante 25 años la Corte de Justicia de Salta y ejerció su presidencia a lo largo de 15 años. Según denuncian las herederas legítimas y constata el reclamo procesal, siete jueces de primera instancia evitaron citarlo de oficio como lo exigen expresamente los artículos 731 y 732 del Código Procesal Civil y Comercial de Salta.
Mientras se consolidaba una presunta alianza con uno de los herederos para retener el uso, goce y explotación exclusiva de más de 1.100 hectáreas, las legítimas herederas mujeres —ancianas, enfermas crónicas y sus familias— sufrieron una sistemática violencia económica y procesal. Varias fallecieron en el desamparo sin ver justicia. Ante los reiterados reclamos por su rol de albacea, la respuesta atribuida al exmagistrado sintetizó el feudalismo imperante: “No fui, no soy ni seré”.
La sombra del descontrol territorial: la zona donde cayó la narcoavioneta
El escándalo suma un trasfondo inquietante de gravedad institucional: el territorio. Esas mismas tierras rurales de Horcones sobre las que las legítimas herederas tuvieron vedado el acceso, control y fiscalización durante tres décadas terminaron ubicadas en el epicentro geográfico donde la realidad superó cualquier ficción judicial.
En esa misma zona rural de Rosario de la Frontera se estrelló en noviembre de 2025 una avioneta bimotor boliviana con un cargamento de 364 kilos de cocaína, hecho que derivó recientemente en la condena federal a 10 años de prisión para los pilotos y penas para su apoyo logístico. Mientras el expediente sucesorio dormía bajo el blindaje cortesano y los campos producían cosechas millonarias sin rendición de cuentas para sus dueñas, el área rural quedaba desprovista de control y expuesta a las sombras del tráfico fronterizo.
La mano de Dios y el quiebre de la impunidad
Cuando los pasillos tribunalicios parecían un laberinto clausurado por el tráfico de influencias y el retardo malicioso, la abogada civil Lourdes Colombres Garmendia —quien asumió la representación legal de su madre tras atravesar el dolor de perder a su propia hija en medio de este desgaste— transformó el litigio en una causa espiritual de resistencia.
Frente a la asimetría del poder terrenal, la familia se aferró al rezo cotidiano del Rosario y la devoción a la Virgen Desatanudos, la Virgen de Luján y Mama Antula. La providencia marcó los tiempos: el 27 de junio de 2025, apenas minutos después de una consagración familiar al Sagrado Corazón de Jesús, la Cámara de Apelaciones dictó la histórica sentencia que reconoció un despojo superior al 900% sobre la porción disponible y ordenó poner fin a tres décadas de retención indebida.
El caso ya escaló a la Santa Sede en el Vaticano, donde las sobrevivientes llevaron su testimonio en el marco del Jubileo, al tiempo que se preparan acciones en el fuero penal por retardo y denegación de justicia, tráfico de influencias y presunta asociación ilícita. La historia de los campos de Horcones demuestra que los esquemas de poder pueden manipular expedientes durante 31 años, pero no pueden frenar para siempre la verdad cuando la persistencia y la fe se plantan frente al abuso institucional.
