Discapacidad Para los Padres: La media sanción de la nueva ley de discapacidad abrió una etapa de expectativa, pero también de cautela para las familias.
Discapacidad Para los Padres
Luis González , referente de Padres TEA Salta, planteó que el proyecto incorpora medidas importantes, aunque pidió no confundir esos avances con una respuesta suficiente frente a la crisis que atraviesa el sector. La iniciativa fue aprobada en Diputados con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.
Entre sus puntos, contempla la compatibilidad de la pensión con el trabajo, la actualización de las prestaciones y el pago de las deudas con los prestadores. El proyecto ahora continuará su tratamiento en el Senado.
“Hay que reconocer los avances que incorpora, pero no podemos confundirlos con la solución de la crisis que atraviesa el sector”, sostuvo González. Para el referente, que esos aspectos estén contemplados en una nueva norma no alcanza mientras la Emergencia en Discapacidad no se traduzca en respuestas concretas para las personas y sus familias.
“La emergencia no se resuelve cambiándole el nombre”
González advirtió que el cambio de marco legal no puede reemplazar las medidas que el sector necesita de manera urgente. “La emergencia no se resuelve cambiándole el nombre ni reemplazando una norma por otra. Se resuelve con presupuesto, prestaciones garantizadas, tratamientos continuos, inclusión educativa, oportunidades laborales y derechos que se cumplan”, afirmó. Su preocupación está puesta en que las garantías aprobadas tengan respaldo y se cumplan en la vida cotidiana. Detrás de cada prestación, señaló, hay personas y familias que sostienen una lucha diaria para acceder a tratamientos, apoyos y oportunidades. “Quienes llevamos años poniendo el cuerpo sabemos que detrás de cada prestación hay una persona, una familia y una historia. No hablamos desde un escritorio: hablamos desde la realidad cotidiana de quienes luchan para que sus hijos tengan una vida digna y un futuro”, expresó.
Un compromiso con las personas y las familias
González afirmó que reconocerá cada avance, sin importar de qué espacio político provenga, pero que también señalará los retrocesos y los derechos vulnerados. “Nuestro compromiso no es con ningún gobierno: es con las personas con discapacidad y sus familias”, remarcó. Con el proyecto ahora en el Senado, la expectativa del sector está puesta en que se sostengan las garantías incorporadas y que la norma tenga respaldo presupuestario. “La discapacidad no puede seguir siendo una variable de ajuste ni una bandera para los discursos. Los derechos no se negocian, la dignidad no se mendiga y la inclusión no puede esperar”, concluyó González. “Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir estando: al lado de la gente, poniendo el cuerpo y levantando la voz”.
El proyecto mantiene la pensión no contributiva por discapacidad en un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y conserva el Certificado Único de Discapacidad como vía de acceso.
También permite compatibilizar la pensión con un empleo registrado o la inscripción en determinados regímenes tributarios, siempre que los ingresos de la persona no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. El alcance de esta compatibilidad había sido uno de los temas discutidos durante las negociaciones: una versión inicial planteaba la incompatibilidad entre el beneficio y el empleo formal.
Otro eje central es el financiamiento de las prestaciones. El proyecto conserva un nomenclador único y un arancel unificado para los servicios destinados a personas con discapacidad, con una actualización automática y periódica vinculada a la movilidad jubilatoria y al índice de precios. Ese mecanismo alcanza a prestaciones como rehabilitación, transporte, centros de día, escolaridad y apoyos, entre otras. El sistema busca fijar valores comunes para evitar que cada financiador establezca montos diferentes.
La iniciativa también aborda las deudas pendientes con prestadores: establece que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la eventual sanción de la ley y cancelar las obligaciones contempladas en ese esquema dentro de los 90 días. Asimismo, prevé que, si las partidas asignadas a Salud resultan insuficientes para cumplir con las prestaciones, puedan incorporarse recursos del Tesoro Nacional.
