Se dictó la prisión preventiva para una mujer acusada de utilizar un merendero del barrio San Francisco Solano como pantalla para la venta de estupefacientes. La investigación, que incluyó denuncias sobre la comercialización a menores, derivó en un allanamiento donde se incautaron drogas y elementos de fraccionamiento.
San Francisco Solano
Una fachada para el delito
La intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad se originó a partir de denuncias anónimas recibidas en la web del Ministerio Público Fiscal. Los vecinos alertaron que en una vivienda de barrio San Francisco Solano, donde funcionaba un merendero, se realizaban maniobras de venta de sustancias ilícitas, llegando a involucrar a menores de edad.
Bajo la dirección del fiscal Gustavo Torres Rubelt, efectivos de Drogas Peligrosas de Capital Sur realizaron tareas de vigilancia y filmaciones. Entre septiembre y octubre, los investigadores documentaron al menos seis procedimientos donde se interceptó a compradores que acababan de adquirir envoltorios con estupefacientes en el lugar.
Allanamiento y prisión preventiva
El lunes 19 de octubre, se concretó el allanamiento de la propiedad. Durante el operativo, el personal policial secuestró dosis de cocaína y marihuana, tres balanzas grameras, dinero en efectivo y un teléfono celular, elementos que comprometen a la acusada en la actividad ilícita, según informó HolaSalta Noticias.
En la audiencia de formalización, la auxiliar fiscal Analía Adet imputó a la mujer por el delito de comercialización de sustancias estupefacientes agravada por cometerse en un centro asistencial. Ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la posible influencia sobre testigos, el juez hizo lugar al pedido de prisión preventiva por 15 días, mientras se desarrolla la investigación penal preparatoria, la cual cuenta con un plazo de 90 días. La detenida fue trasladada a la Alcaidía General.
La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía, que busca profundizar las pruebas recolectadas durante los meses de vigilancia para determinar la extensión de la red de comercialización que operaba bajo el amparo de la institución asistencial.
