Contaminación pozo petrolero Orán: La Justicia de San Ramón de la Nueva Orán dictó una medida cautelar urgente para frenar el desastre ambiental en el pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, ubicado en Puesto Guardián. El fallo responde a la solicitud de la fiscal María Sofía Fuentes, quien advirtió sobre la persistencia de emanaciones de gases y el peligro de que las próximas precipitaciones arrastren contaminantes hacia campos productivos.
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Según publicó el Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público Fiscal, la medida fue dictada tras las pericias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Intimación a las empresas y riesgo de desastre
La resolución judicial, notificada el 23 de octubre de 2026, exige a Yacimientos Petrolíferos Fiscales y a President Petroleum que, en un plazo de diez días hábiles, presenten un Plan Técnico de Cierre y Abandono Técnico. La medida busca frenar las emanaciones de gases y asegurar el pozo de manera definitiva.
El requerimiento también obliga a las empresas, de forma solidaria, a elaborar un Plan de Contingencia y Contención junto a organismos de la Provincia. El objetivo es evitar que las sustancias depositadas en la superficie se propaguen hacia terrenos agrícolas y ganaderos, especialmente ante la amenaza del fenómeno Super El Niño, que podría agravar la situación con intensas lluvias.
Responsabilidad y consecuencias legales
El juez Ramiro Morizzio consideró que las empresas que formaron parte de la cadena de concesión podrían tener responsabilidad objetiva y solidaria. La Justicia subrayó que las autorizaciones administrativas previas no eximen a las compañías de cumplir con las normas de la Ley General del Ambiente y los principios del Acuerdo de Escazú.
El fallo advierte que el incumplimiento de estas medidas preventivas podría derivar en sanciones penales por desobediencia judicial, conforme al Código Penal. Mientras tanto, otras firmas vinculadas a la explotación, como Tripetrol, Petrolera San José y Netherfield Corporation Sucursal Argentina, permanecen a la espera de ser notificadas formalmente.
Esta intervención judicial, impulsada por la Unidad Fiscal, busca neutralizar el riesgo ambiental mientras continúa la investigación, priorizando la protección de la salud pública y el ecosistema frente a la inacción de los responsables.
