El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria decidió exonerar a Virginia Aparicio, una destacada científica que también integra el Conicet, tras un sumario administrativo que ha despertado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la libertad de investigación en Argentina.
Virginia Aparicio
Según publicó TN, la medida administrativa contra la investigadora ha generado un profundo malestar en sectores académicos y ambientalistas.
Los argumentos del organismo y la defensa de la científica
La resolución oficial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria justifica la sanción basándose en presuntas irregularidades administrativas. Entre los puntos señalados se encuentran supuestos manejos indebidos de fondos, alteraciones en los protocolos establecidos, falta de respeto a la vía jerárquica y procedimientos cuestionables en el análisis de datos. Asimismo, el organismo objetó la centralización de estudios biológicos en laboratorios extranjeros y la inclusión de colaboradores sin designación formal.
Por su parte, Virginia Aparicio ha rechazado categóricamente estas acusaciones, calificándolas de infundadas. La investigadora sostiene que el proceso busca amedrentar a los científicos para forzar una autocensura, negando cualquier motivo real que justifique su expulsión de la administración pública.
El impacto del proyecto SPRINT y el futuro judicial
La controversia cobra mayor relevancia debido al rol de Aparicio como coordinadora en Argentina del proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte. Este estudio se ha dedicado a analizar la presencia de más de 200 agroquímicos en muestras de agua, suelo y material biológico humano, arrojando resultados que, según diversos sectores, han generado fuertes tensiones por sus implicancias en la salud ambiental y la producción agropecuaria.
Tras el cierre de la instancia administrativa con la resolución del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la investigadora se prepara para trasladar el conflicto a la vía judicial. Mientras tanto, la comunidad científica continúa manifestando su apoyo, advirtiendo que este caso podría sentar un precedente peligroso para la autonomía del conocimiento científico en el país.
El caso mantiene en vilo a académicos y defensores del medio ambiente, quienes ven en esta medida un ataque directo a la independencia de las investigaciones sobre el impacto de los plaguicidas en la sociedad.
