La fiscal Paloma Ochoa impulsó una investigación judicial en Comodoro Py para esclarecer si el Gobierno de Javier Milei destinó bienes, vehículos y personal estatal para facilitar el ingreso y la posterior salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.
Flávio Bolsonaro
Según publicó Ámbito, la causa se originó tras las denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón.
El foco de la investigación judicial
La magistrada María Eugenia Capuchetti tiene a su cargo el expediente que busca determinar si existió una maniobra coordinada desde el Poder Ejecutivo para asistir al dirigente brasileño. La fiscal Ochoa sostiene que el caso podría trascender una irregularidad migratoria, configurando posibles delitos como peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El objetivo central de la Justicia es reconstruir si hubo una orden política para omitir controles o si se utilizaron recursos del Estado para garantizar los movimientos de Bolsonaro y su familia durante su estadía en Argentina.
Medidas de prueba en Puerto Iguazú
En el marco de las actuaciones, Capuchetti ordenó el resguardo de las filmaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, el aeropuerto de Puerto Iguazú y las áreas de Migraciones y Aduana, correspondientes a los días 27 y 28 de octubre.
Asimismo, se requirieron informes a la Dirección Nacional de Migraciones, Cancillería y el Ministerio de Seguridad para verificar si existieron alertas previas sobre la situación judicial de Bolsonaro en Brasil y qué controles se aplicaron sobre el avión privado de la empresa Baires Fly que utilizó para abandonar el territorio nacional.
Flávio Bolsonaro ingresó al país por Puerto Iguazú junto a su familia y, poco después, partió hacia Estados Unidos en un vuelo privado, en un contexto donde el dirigente enfrentaba restricciones judiciales en su país de origen por causas de corrupción y lavado de activos.
