La delegación nacional presentó sus argumentos finales ante el organismo internacional para detener la explotación hidrocarburífera británica, advirtiendo sobre un daño ambiental irreversible.
La delegación argentina concluyó su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con un pedido urgente para frenar el proyecto extractivista Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas. El equipo, encabezado por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, sostuvo que la explotación unilateral de recursos por parte del Reino Unido genera un riesgo de perjuicio irreparable.
Durante las audiencias, los especialistas argentinos remarcaron que la disputa por la soberanía no otorga al Reino Unido libertad para explotar recursos en el área. El profesor Nico Schrijver advirtió que el proyecto contempla la perforación de hasta 26 pozos y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles, lo que causaría un daño irreversible al medio marino una vez iniciadas las tareas.
El consejero legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, reafirmó que el país cumplió con los requisitos para solicitar medidas provisionales, entre ellas la competencia del tribunal y la urgencia del caso. Argentina busca impedir nuevas perforaciones e instalaciones mientras se resuelve la controversia, evitando que se agrave la situación en la plataforma continental.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá ahora emitir un fallo sobre la solicitud argentina. Aunque no hay plazos establecidos, se espera una resolución rápida para evitar el avance de las actividades británicas, en un proceso que el equipo legal argentino calificó como una instancia clave para la defensa de los derechos soberanos.
Con información de Ámbito.
