El juez federal de Río Gallegos mantuvo la prisión preventiva del empresario y su pareja, pero desestimó el pedido de la fiscalía para aplicar medidas de seguridad extremas.
El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, rechazó el pedido de la fiscalía para incorporar a Lázaro Báez y a su pareja, Claudia Insaurralde, al Sistema Integral de Gestión de Alto Riesgo. La medida había sido solicitada en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y narcotráfico.
A pesar de denegar el régimen especial, el magistrado ratificó la prisión preventiva para ambos por un plazo de 180 días. La resolución incluye la prohibición de mantener reuniones, recibir visitas o comunicarse con otras personas vinculadas a la causa, en la que también quedaron bajo prisión preventiva otros cinco imputados.
La investigación, declarada compleja por la Justicia, apunta a determinar si Báez continuó administrando bienes y fondos embargados desde la cárcel. El juez habilitó un plazo de hasta dos años para la etapa preparatoria y ordenó la continuidad de los allanamientos en establecimientos rurales para identificar ganado y activos.
Con información de Infobae.
