En el marco de la reciente visita del Papa a la Casa Rosada, el Gobierno nacional quedó envuelto en una polémica tras adjudicar contrataciones directas por $209,3 millones a dos empresas que, según registros societarios, pertenecen a la misma familia.
Casa Rosada
Según publicó Nuevo Diario de Salta, el proceso de selección fue cuestionado por la falta de competencia real entre las firmas involucradas.
Una licitación sin competencia
La Jefatura de Gabinete utilizó la modalidad de urgencia para contratar a Alfombra Mágica y Tetramon, ambas propiedad de la familia Mizrahi. A pesar de que se invitó a cuatro firmas, solo estas dos presentaron ofertas, cada una por un rubro distinto, evitando así cualquier tipo de competencia entre sí.
El proceso, identificado bajo la contratación directa 79-0014-CDI26, fue gestionado por la Unidad Ejecutora creada específicamente para la visita del Pontífice. La Resolución 359/26, firmada por Mariana Vello, avaló la operación argumentando precios de mercado, aunque el informe técnico que respalda dicha afirmación no se encuentra disponible en el sistema oficial.
Millones en alfombras y cortinas
El gasto total ascendió a $209,3 millones. Alfombra Mágica recibió $128,08 millones por la colocación de 180 metros cuadrados de alfombra de lana para el Salón Blanco y el hall del primer piso, lo que representa un costo de $711.000 por metro cuadrado. Por su parte, Tetramon obtuvo $81,2 millones por la confección y colocación de cortinas en diversos salones, incluyendo el Salón Eva Perón y el Salón Héroes de Malvinas, espacios que finalmente no fueron utilizados durante el encuentro con Javier Milei.
Estas erogaciones forman parte de un paquete mayor de siete contrataciones directas que suman $20.477 millones destinados a la logística de la visita papal. Ante la consulta sobre el destino final de los materiales instalados, fuentes oficiales indicaron que se evalúa la posibilidad de donarlos a la Iglesia.
La falta de antecedentes de ambas empresas como proveedoras habituales del Estado y la omisión del vínculo societario en la resolución oficial han generado fuertes críticas sobre la transparencia de este gasto público.
