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Escándalo en Orán: vendió una camioneta robada en Tucumán por 29 millones de pesos

camioneta robada en Orán

Es en el marco de una investigación al propietario de una concesionaria por la presunta venta de una camioneta que registraba un pedido de secuestro vigente en la provincia de Tucumán. La audiencia de imputación fue fijada para el 26 de noviembre.

Los detalles

La fiscal penal Mariana Torres , interina en la Fiscalía Penal 3 y de Delitos Económicos y Complejos de Orán , abrió decreto de imputación para un hombre de 47 años, propietario de una concesionaria de esa ciudad, por la presunta comisión del delito de defraudación por estelionato, en calidad de autor (artículos 173 inciso 9 y 45 del Código Penal).

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre que el 17 de diciembre de 2025, adquirió una camioneta Toyota Hilux 4×4 por un valor de 29 millones de pesos.

Como parte de pago entregó otra camioneta Toyota Hilux modelo 2007, valuada en 19 millones de pesos. Además, abonó siete millones de pesos y canceló el saldo restante de tres millones.

Más información

Según la investigación, el 29 de marzo de 2026, cuando circulaba por inmediaciones de Aguaray, el vehículo fue secuestrado por personal de Gendarmería Nacional durante un control sobre la Ruta Nacional 34.

La medida se produjo al constatarse que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente desde el 8 de junio de 2025, dispuesto por la Justicia de Tucumán en una causa por estafa.

A partir de las medidas investigativas, se estableció que al momento de concretarse la operación comercial ya existía una orden de secuestro sobre el rodado.

Cómo sigue

Además, se detectaron inconsistencias en la documentación entregada al comprador, particularmente en el formulario 08 y los informes de dominio, que no reflejaban la titularidad registral vigente.

La fiscal Torres incorporó documentación registral, informes policiales, testimonios y reportes de movimientos bancarios que permitieron reconstruir las operaciones económicas realizadas entre las partes y sustentar la hipótesis de una maniobra defraudatoria.

En su valoración inicial, la Fiscal consideró que el comerciante habría ocultado deliberadamente la existencia del impedimento judicial que pesaba sobre el vehículo y utilizado documentación desactualizada para concretar la venta, ocasionando un perjuicio patrimonial al comprador.

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