En una nueva etapa de la investigación judicial, el juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Nacional en el fuero Criminal y Correccional Federal, dispuso el procesamiento de 19 personas y amplió la situación procesal de otros 5 implicados en una causa por corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Agencia Nacional de Discapacidad
Según publicó Ámbito, la resolución judicial profundiza la investigación sobre maniobras ilícitas en la contratación de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud.
La estructura delictiva y los funcionarios implicados
La resolución judicial amplió los procesamientos de Diego Orlando Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados como jefes de una asociación ilícita. También se confirmó la situación de Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados miembros de la organización que operaba dentro y fuera del organismo.
A los imputados se les atribuyen delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado Nacional. En varios casos, el juez también acreditó hechos constitutivos de lavado de activos agravado, vinculados a la circulación de fondos obtenidos mediante estas maniobras.
Empresarios y maniobras de sobreprecios
La investigación alcanzó a diversos empresarios vinculados a firmas proveedoras, entre ellos Emilio César Olguín (Expo Trauma), Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella (Artrobone Ortopedia y Cirugía y Ortopedia Imnova), Claudio Alejandro Kahn (Cirugía Alemana Insumos Médicos) y Osmar Mariano Caballi (Farma Salud).
También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués (Laboratorio Ortopédico Sagués, Probock y Prolite Orthopedics), Humberto Gabriel Maone (Med-El Latino América), Nicolás Luna (Meridius), Fabián César Piedimonte (Neurosalud), Gustavo David Bernat (Ortopedia Bernat) y Patricio Oscar Acosta (Bymax Medical y Sistemas Médicos Globales).
Según el relevamiento técnico del Ministerio de Salud, se detectaron diferencias de precios por al menos 1.849.277.963 pesos en insumos, que se suman a los 5.984.594.394,24 pesos previamente identificados en medicamentos, totalizando un perjuicio estimado de 7.833.872.357,24 pesos.
Modus operandi y avance de la causa
El fallo judicial describe una manipulación sistemática de los procedimientos de contratación mediante la selección arbitraria de proveedores, el uso de información privilegiada y la simulación de competencia. Estas prácticas, según la justicia, no fueron hechos aislados sino una actuación organizada y sostenida en el tiempo.
El caso, que cuenta con la intervención del fiscal Franco Picardi, también incluyó el procesamiento de Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm por su rol en la gestión administrativa. Asimismo, se procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por su vinculación con circuitos financieros y la firma Baires Fly, mientras que se dictó la falta de mérito para otras 11 personas indagadas.
La resolución subraya que la significación penal de los hechos no se agota en los sobreprecios cuantificados, sino en la existencia de un mecanismo organizado de contratación pública puesto al servicio de intereses particulares, que condicionó decisiones administrativas en beneficio propio.
