Comenzó en Córdoba el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años hallada sin vida en Brinkmann en noviembre de 2024. Tras la primera jornada, la familia de la víctima alzó su voz para exigir la pena máxima para los tres imputados y denunciar con firmeza las fallas en los organismos de protección que, según sostienen, fallaron en su deber de resguardar a la menor.
Aralí Vivas
Según informó TN, el proceso judicial se desarrolla en la Cámara del Crimen de San Francisco.
El pedido de justicia de la familia
Heredia, familiar de la víctima, expresó su indignación y dolor durante el inicio del debate, que se lleva a cabo con jurados populares. La mujer manifestó que la expectativa central es que el tribunal dicte la pena de prisión perpetua para los tres acusados por igual, asegurando que deben permanecer en la cárcel de forma definitiva.
Sobre Rocío Milagros Rauch, madre de la menor y una de las imputadas, Heredia fue contundente al señalarla como la principal responsable. "Considero que ella es la culpable número uno, es la asesina número uno", afirmó, cuestionando su falta de protección hacia la niña.
Cuestionamientos al Estado y detalles de la causa
Además del reclamo por la sentencia, la familia exige que se investigue el accionar de los organismos estatales que intervinieron antes del trágico desenlace. Heredia fue tajante al señalar que "todos llegan tarde", buscando que se determine si existieron omisiones o fallas en el sistema de protección que dejaron a Aralí en una situación de vulnerabilidad extrema.
Los tres acusados, Rocío Milagros Rauch, Ezequiel Matías Simeone y Cristian Hernán Varela, enfrentan cargos por abuso sexual agravado y homicidio criminis causa. En el caso de Simeone, la acusación incluye también el incendio de la vivienda, maniobra que, según la investigación, habría sido ejecutada para ocultar evidencias del crimen ocurrido en Brinkmann.
El debate judicial continuará con nuevas declaraciones en los próximos días, buscando esclarecer los hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2024 y determinar las responsabilidades penales de los implicados.
