Auditoría de la Provincia: La propuesta para que Gustavo Adolfo Ferraris vuelva a integrar la Auditoría General de la Provincia ya no enfrenta solamente los cuestionamientos institucionales que aparecieron cuando su nombre y el del ex diputado nacional Miguel Nanni fueron remitidos al Senado.
Auditoría de la Provincia
En los últimos días se incorporaron presentaciones de dos hombres que trabajaron dentro del organismo y que aseguran haber sufrido directamente las consecuencias de la gestión del postulante. Se trata de Jorge Pedro Daud y Luis Bernardino Mamani , ambos jubilados de la Auditoría.
Sus escritos fueron dirigidos a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, que deberá evaluar las objeciones durante los próximos días, garantizar el derecho de defensa de los candidatos, producir la prueba que considere necesaria y emitir un dictamen antes de que los pliegos lleguen al recinto. La candidatura de Ferraris también abre una discusión constitucional: sería su tercera designación en la Auditoría, pese a que el artículo 169 de la Constitución provincial establece actualmente que sus integrantes duran ocho años y no pueden ser designados nuevamente. A ese interrogante se añade otro de carácter institucional. El senador Gonzalo Caro Dávalos integra la comisión que debe pronunciarse sobre Ferraris, mientras que documentación acredita que un pariente directo trabaja en la Auditoría y que, durante la gestión del candidato, cumplió funciones vinculadas con Ferraris.
Una objeción formal presentada ante el Senado
El contador jubilado Jorge Pedro Daud presentó su objeción el 14 de julio. La documentación exhibida a Nuevo Diario posee el sello de ingreso de la Secretaría Legislativa del Senado y está dirigida específicamente a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones. Daud cuestionó “las calidades y méritos” de Gustavo Adolfo Ferraris para ser nuevamente designado miembro de la Auditoría. Sostuvo que acompañó documentación relacionada con hechos de gestión que, según afirmó, fueron revisados y ratificados por el Poder Judicial de Salta. Si bien el escrito completo consta de 13 páginas, Daud pidió que no se divulgue el apartado referido a los hechos, debido a que contiene información sensible. “Me pareció importante que cobre interés público antes de que dictamine la Comisión y se vote en el pleno de la Cámara de Senadores”, explicó el contador jubilado a Nuevo Diario . En el petitorio, Daud solicitó que la comisión tenga por presentada la objeción en tiempo y forma; incorpore y examine las pruebas acompañadas; valore el impacto institucional de los fallos judiciales citados y considere la conducta atribuida a Ferraris al evaluar su idoneidad. También reclamó que el Senado considere esos antecedentes para garantizar la transparencia y la institucionalidad de la Auditoría, atendiendo a la trascendencia pública de la designación y al deber de resguardar la ética en la función pública. La documentación aportada a este medio permite acreditar la existencia y recepción de la presentación.
Denuncia por hostigamientos
Una segunda presentación, fechada el 20 de julio y dirigida a la misma comisión, lleva la firma de Luis Bernardino Mamani , ex agente de la Auditoría y jubilado por incapacidad. Mamani relató que durante la gestión de Ferraris fue sometido a un sumario por una supuesta falsificación de recibos salariales y afirmó que posteriormente fue absuelto por falta de pruebas. También denunció haber sufrido hostigamiento, pérdida de funciones y un progresivo deterioro de su salud, que vinculó con las situaciones laborales atravesadas dentro del organismo. En su escrito pidió que la comisión requiera legajos, sumarios y otras actuaciones administrativas correspondientes a distintos trabajadores de la Auditoría. Según sostuvo, esos documentos permitirían conocer lo sucedido con agentes que habrían atravesado desplazamientos, sanciones o conflictos durante la conducción de Ferraris. La presentación contiene además acusaciones sobre el manejo interno de documentación y expedientes. Por su gravedad, esos señalamientos necesitan ser comprobados mediante las actuaciones administrativas, registros y otros elementos que Mamani solicita incorporar. Hasta entonces deben ser considerados denuncias formuladas por el ex empleado y no hechos establecidos. Los relatos de Daud y Mamani tienen un punto en común: ambos reclaman que el Senado no evalúe únicamente los antecedentes formales del candidato, sino también las consecuencias que atribuyen a su desempeño sobre el personal de la Auditoría. Las nuevas presentaciones no aparecen de manera aislada. En junio, la Asociación del Personal de los Organismos de Control —APOC Salta— declaró a Ferraris “persona no grata” y denunció persecución laboral, traslados punitivos, hostigamiento, sumarios arbitrarios y un vaciamiento de funciones técnicas.
Un límite constitucional
Ferraris fue designado auditor en mayo de 2016 y recibió una segunda designación en mayo de 2021. La postulación actual implicaría, por lo tanto, una tercera designación. El artículo 169 de la Constitución provincial reformada en diciembre de 2021 establece que los miembros de la Auditoría duran ocho años y no pueden ser designados nuevamente. Aunque la Ley 7.103 todavía conserva la regulación anterior, que permitía la reelección, el Senado deberá explicar con qué interpretación considera posible avanzar con la candidatura. Ese cuestionamiento ya había sido planteado por el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta que también objetó antecedentes de Nanni, mientras que el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas rechazó que los dos lugares fueran destinados a abogados. Otra alerta alcanza al senador Gonzalo Caro Dávalos , integrante de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones a partir de documentación oficial a la que accedió Nuevo Diario y que acredita que una familiar directa del senador Gonzalo Caro Dávalos trabaja en la Auditoría y cumplió funciones en la Secretaría de Ferraris.
Ferraris tendrá derecho a responder las objeciones y presentar pruebas. Pero el Senado también deberá investigar y fundamentar su decisión. Con las denuncias de Daud y Mamani, los planteos de APOC, FOCIS y los profesionales en Ciencias Económicas, el límite constitucional y las dudas sobre la participación de Caro Dávalos, la designación dejó de ser un trámite sin controversias.
