La asociación Protectora presentó una demanda colectiva ante la Justicia de Salta contra la firma Bazar Avenida, con sede en Rafaela, Santa Fe, acusándola de aplicar tasas de interés usurarias que alcanzan el 733% anual en préstamos otorgados a empleados del Estado provincial.
Bazar Avenida
Según publicó El Tribuno, la asociación civil Protectora pidió a la Justicia frenar, con una medida cautelar colectiva, juicios ejecutivos que afectan el sueldo de más de 700 salteños.
La operatoria bajo la lupa
La presentación, que tramita en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación, sostiene que la empresa utilizó un esquema de pagarés preconstituidos para ejecutar deudas mediante embargos directos sobre los salarios. Según el abogado Daniel Paganetti, representante de Protectora, la firma habría otorgado más de 700 préstamos en apenas dos meses, basándose en la documentación que la propia compañía presentó ante la Dirección General de Rentas de la Provincia.
La demanda destaca dos casos testigos de empleados provinciales. En uno de ellos, un trabajador recibió $450.000 y firmó un pagaré por $2.395.035, con una Tasa Efectiva Anual del 733,50%. En otro, una empleada recibió $248.000 y se le reclama un pagaré por $1.319.930,40, con una Tasa Efectiva Anual del 710,02%, expediente que ya contaría con sentencia de remate.
Exigencias judiciales y posible delito
Protectora solicitó la nulidad de los contratos, la suspensión inmediata de los procesos ejecutivos y una multa civil de cerca de $1.000 millones. La entidad argumenta que las tasas superan cinco veces los límites establecidos por el Banco Central para operaciones similares, invocando el precedente Halabi de la Corte Suprema de la Nación para legitimar la acción colectiva.
Además de la vía civil, la asociación pidió que se informe a la fiscalía penal de turno, dado que la legislación argentina tipifica la usura como delito con penas de hasta seis años de prisión. La Procuración General de la Provincia ya tomó vista de la causa, mientras se espera una resolución sobre la medida cautelar que busca frenar los descuentos compulsivos sobre los haberes de los damnificados.
El abogado Paganetti enfatizó que el mecanismo diseñado por la empresa impide que los trabajadores puedan ejercer defensas causales en los juicios ejecutivos. La causa, que involucra a cientos de salteños identificados en las declaraciones juradas de la firma, se mantiene bajo estricta atención judicial.
