Caso LIBRA: El fiscal federal Eduardo Taiano presentó una oposición formal ante el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que buscaba reabrir el expediente por el lanzamiento del token $LIBRA, causa en la que el juez Marcelo Martínez De Giorgi ya había dictado el sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei.
Caso LIBRA
Según publicó Ámbito, el fiscal Eduardo Taiano se opuso a que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas asuma el impulso de la causa.
La disputa en el Ministerio Público Fiscal
El conflicto jurídico enfrenta dos posturas dentro del Ministerio Público Fiscal. Mientras Taiano, quien originalmente solicitó los sobreseimientos, sostiene que el fallo de Marcelo Martínez De Giorgi está debidamente fundado, Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría, argumenta que la investigación se cerró de manera prematura.
Desde la Procuraduría, que tomó el caso tras un planteo de organizaciones civiles, señalaron que aún restan medidas de prueba fundamentales, como peritajes sobre teléfonos celulares y pedidos de cooperación internacional a Estados Unidos. Además, Rodríguez cuestionó el borrado de contenidos en los dispositivos de Mauricio Novelli y Sergio Morales.
La situación judicial de los damnificados
En paralelo a la discusión sobre la reapertura, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió un recurso para revisar la exclusión de dos personas que se presentaron como damnificados por la caída del token. Aunque esta resolución no revoca los sobreseimientos, si el tribunal admite a los denunciantes como querellantes, estos quedarían habilitados para apelar el cierre del expediente.
La causa, iniciada tras el lanzamiento del token el 14 de febrero de 2025, investigó si existieron negociaciones incompatibles con la función pública. El juez Marcelo Martínez De Giorgi concluyó, al dictar el sobreseimiento, que no se acreditó un engaño concreto ni una intervención económica del Presidente en ejercicio de su cargo, desestimando la figura penal alegada.
La decisión final sobre el pedido de la Procuraduría recae ahora en el juez Marcelo Martínez De Giorgi, mientras que la revisión de Casación sobre los querellantes podría extenderse hasta 2027.
