La firma de calzado premium Clara Barceló, operada por la sociedad Se Ve S.A., se presentó en concurso preventivo ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24, en medio de una compleja situación financiera que incluye deudas por más de $415 millones.
Clara Barceló
Según publicó Infobae, la empresa acumulaba compromisos financieros significativos hasta septiembre de 2026.
Detalles del proceso judicial
La apertura del expediente 18195/2026 fue dispuesta por el juez Guillermo M. Pesaresi, con intervención de la Secretaría N.º 48, y oficializada en el Boletín Oficial. Este procedimiento busca reestructurar los compromisos económicos de la compañía ante sus acreedores.
El síndico Enrique Raúl Pelle fue designado para auditar la situación patrimonial de la firma. Los acreedores tienen plazo hasta el 18 de diciembre para solicitar la verificación de sus créditos, mientras que el periodo de exclusividad para alcanzar un acuerdo finalizará el 25 de octubre de 2027.
El peso de la deuda financiera
Según registros del Banco Central de la República Argentina, la mayor parte del pasivo se concentra en el Banco Santander Argentina, con $290,7 millones, y Garantizar, con $95,4 millones. Ambas entidades figuran con una calificación de alto riesgo de insolvencia.
Por su parte, el Banco Galicia mantiene una acreencia de $29,8 millones, la cual se encuentra en situación de cumplimiento normal.
La advertencia sobre la caída del consumo
Meses antes de esta instancia, la fundadora Clara Barceló había expresado su preocupación por el impacto de la caída del consumo y los elevados costos de fabricación nacional. La empresaria intentó mitigar el impacto mediante sistemas de preventa y una política de precios sostenidos, evitando las liquidaciones masivas.
La marca, que cuenta con locales en Recoleta y San Isidro, defendió históricamente su modelo de producción artesanal. Pese a las dificultades, la firma ha manifestado su intención de continuar operando y renegociar sus obligaciones bajo supervisión judicial.
Es importante aclarar que el concurso preventivo no implica el cierre de los establecimientos ni la quiebra de la empresa, sino una instancia legal para reorganizar las deudas y garantizar la continuidad de la actividad comercial.
