La Comunidad Diaguita Calchaquí Finca El Potrero, asentada en Cachi, ha iniciado una batalla legal para frenar lo que consideran un despojo de su territorio ancestral. A través de una denuncia penal, los integrantes de la comunidad exigen la anulación de un fallo que reconoce la posesión veinteñal de sus tierras a familias ajenas al lugar.
Comunidad Diaguita Calchaquí Finca El Potrero
Según publicó Nuevo Diario de Salta, La Comunidad Diaguita Calchaquí Finca El Potrero presentó una denuncia penal y pidió anular una resolución veinteñal.
El conflicto por la posesión de tierras
El conflicto se originó tras una resolución del Juzgado Civil y Comercial de 10ª Nominación, dictada el 7 de julio de 2026, que reconoció a los herederos de las familias Miranda y Cruz la posesión veinteñal de la matrícula 1006. La comunidad, que habita el sector con cuatro familias, sostiene que el área es un espacio de uso ancestral reconocido por el INAI.
Los integrantes de Finca El Potrero tomaron conocimiento de la medida cuando los supuestos poseedores se presentaron en el territorio exigiendo el pago de un arriendo. Esta situación, según denuncian, pone en riesgo inminente la permanencia de las familias originarias que residen allí desde hace generaciones.
Denuncia de estafa procesal y cuestionamientos a la Justicia
Representados por la abogada Patricia Olivera, los denunciantes apuntaron contra el proceso judicial, calificándolo de "estafa procesal". La comunidad rechaza categóricamente haber sido catalogada como "medieros" en los informes presentados ante el Juzgado Civil, aclarando que su condición es la de poseedores ancestrales.
Asimismo, denunciaron la utilización de informes falsos y actuaciones irregulares por parte de jueces de Paz, maniobras que habrían servido para ocultar la presencia de la comunidad y excluirlos del expediente. Los habitantes advirtieron que un desalojo es "materialmente imposible" debido a la existencia de viviendas centenarias, ganado y un cementerio comunitario que forma parte de su identidad cultural.
Este nuevo conflicto se suma a un antecedente del año 2004, cuando el Juzgado Civil y Comercial de 9ª Nominación reconoció derechos posesorios a la familia Garnica, medida que fue posteriormente revertida tras la intervención de la comunidad. Actualmente, los afectados aguardan que la Justicia revise el proceso que dio lugar a esta nueva resolución.
