Diputados aprobó la creación: El proyecto, aprobado por unanimidad y de autoría de los diputados *Gastón Galíndez y Mónica Juárez*, obtuvo media sanción y pasó al Senado en revisión. Crea un sistema provincial que articula organismos, municipios e instituciones para prevenir y reducir riesgos, y para mejorar la respuesta y la recuperación ante emergencias y desastres.
Diputados aprobó la creación
El sistema se crea en el marco de la adhesión de la provincia, mediante la Ley 8.069, a la Ley Nacional 27.287. Su objetivo es integrar y articular políticas, organismos, recursos y capacidades para prevenir nuevos riesgos, reducir los existentes y fortalecer la preparación. También busca garantizar una respuesta eficaz y promover la recuperación y la reconstrucción frente a emergencias o desastres.
La norma establece que la gestión integral del riesgo será un eje transversal de las políticas públicas. Deberá considerarse en la planificación, la inversión pública y el desarrollo territorial.
La Subsecretaría de Defensa Civil será la autoridad de aplicación. Tendrá a su cargo elaborar el *Plan Provincial de Gestión Integral del Riesgo,* mantener un Mapa Provincial de Riesgos, organizar un sistema provincial de información y promover sistemas de alerta temprana.
También se crea el *Consejo Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil,* un espacio permanente de coordinación y consulta que integrarán áreas provinciales y municipios. Podrán participar además universidades, instituciones científicas, bomberos voluntarios y organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto pone el foco en la prevención y la preparación mediante ejercicios y simulacros anuales en instituciones educativas, sanitarias y de concurrencia masiva, e incorpora contenidos de prevención en el sistema educativo.
Contempla especialmente las necesidades de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como niños, personas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y sectores rurales aislados, promoviendo la adhesión de los municipios para la elaboración de sus propios planes locales.
Finalmente, establece que la autoridad de aplicación deberá enviar un informe público anual a la Legislatura antes del 31 de marzo, y deroga la Ley Provincial 7.668 para integrar formalmente sus objetivos dentro del nuevo sistema.
El proyecto obtuvo media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados y fue girado al Senado en revisión.
