Un estudio reveló que la ausencia de políticas públicas integrales y las barreras sociales impiden que las personas con discapacidad puedan desarrollar proyectos de vida independientes.
discapacidad y autonomía
Según publicó Noticias Argentinas, la falta de políticas públicas suficientes obliga a que el cuidado dependa principalmente de las familias y los recursos económicos de cada persona.
La falta de políticas públicas destinadas a acompañar la vida adulta de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo, sumada a las dificultades para acceder a asistentes personales y las barreras en el transporte, el trabajo y la vivienda, son los principales obstáculos para lograr la autonomía, según un informe de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS).
Obstáculos para la autonomía personal
El estudio, titulado “Entre la autonomía y la supervivencia”, advierte que la organización de los cuidados recae mayoritariamente sobre las familias, generando un fuerte impacto físico, económico y emocional. Además, señala que la infantilización de los adultos con discapacidad, donde terceros deciden o hablan en su nombre, desconoce su capacidad para expresar deseos y tomar decisiones propias.
Otro punto crítico es la falta de una regulación integral para la figura del asistente personal. Las familias deben gestionar la cobertura ante obras sociales y prepagas, enfrentando frecuentemente demoras en reintegros, pagos insuficientes a los trabajadores y escasez de personal capacitado, lo que obliga a muchas personas a recurrir a instancias judiciales para garantizar sus derechos.
Dificultades en la asistencia diaria
Las barreras físicas y la falta de accesibilidad en el transporte público también limitan la vida cotidiana, restringiendo desde la posibilidad de realizar compras básicas hasta el ejercicio de la vida afectiva y sexual. Activistas señalan que estas restricciones impiden la participación social y obligan a una constante negociación con terceros para poder realizar actividades elementales.
Finalmente, el informe destaca las dificultades para acceder a un empleo formal, agravadas por prejuicios actitudinales y la incompatibilidad entre ciertas pensiones y el trabajo registrado. Esta situación genera temor a perder ingresos esenciales, dejando a muchas personas limitadas a actividades informales o dependiendo de sus familiares para la administración de sus propios recursos económicos.
