El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se presentó como amicus curiae ante el Poder Judicial salteño y reclamó el sobreseimiento de una médica del hospital de Tartagal, imputada luego de intervenir en la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), acusada de haber hecho esa práctica contra de la voluntad de la paciente.
Se trata de la doctora Miranda Lucía Ruiz quien se desempeña como médica residente del Hospital “Juan Domingo Perón”, de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta, y brinda asistencia a las consultas sobre anticoncepción y planificación familiar. Miranda atendió, junto a un equipo interdisciplinario, a una mujer adulta que solicitó la interrupción legal del embarazo y, tras recibir el aval de las autoridades jerárquicas del hospital, se llevó a cabo la práctica, que fue medicamentosa. Todos los pasos de esta práctica médica quedaron plasmados en la historia clínica correspondiente. No obstante, una familiar denunció a Miranda, por lo que el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, imputó a la médica por el delito de “aborto sin consentimiento”, y la justicia denegó dos veces su sobreseimiento. Voceros del Inadi local dijeron que en base a la sanción en el Congreso Nacional, en diciembre de 2020, de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Instituto decidió intervenir, expresar su opinión respecto a la inexistencia de todo delito, y solicitar que se dicte el sobreseimiento de la doctora. Para el Inadi, en atención a lo que dispone la Ley 27.610 y el Protocolo de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, la conducta de Ruiz se ajustó a derecho y, por tanto, su persecución no corresponde en un Estado de derecho pleno. Asimismo, el organismo consideró que este tipo de proceder por parte del Poder Judicial vulnera el acceso a derechos como la IVE, ya que obstaculiza y criminaliza una práctica que es legal en el país y que es un derecho adquirido por las mujeres y personas gestantes, tras años de lucha. En un comunicado, el Inadi señala que “el Estado debe garantizar que todas las mujeres puedan acceder a su derecho a decidir sin miedo” y agrega que “para esto es también necesario que los médicos puedan proceder sin temer por su libertad y su futuro profesional”. Miranda Ruiz es médica residente de medicina familiar y comunitaria de Tartagal, donde asiste consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, y se encuentra a cargo del consultorio interdisciplinario de interrupción voluntaria del embarazo. En septiembre de 2021, la fiscalía general de Graves Atentados contra las Personas impulsó una investigación penal en su contra a raíz de la atención brindada a una paciente adulta que requirió acceder a un aborto legal. Del decreto de imputación surge que la acusada habría intervenido en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, “sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento”. La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante. Ruiz, que estuvo detenida durante algunas horas, en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró en la oportunidad que ella no puede “obligar a nadie a abortar”, y destacó que, como médica residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución.
