Estafas digitales: Ante un escenario alarmante de delitos informáticos, la fiscal penal Sofía Cornejo expuso ante el Senado de Salta la necesidad de implementar herramientas urgentes para combatir el crecimiento de las estafas virtuales, que ya alcanzan un promedio de nueve denuncias diarias en la provincia.
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Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal Sofía Cornejo participó de una reunión en la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional para debatir nuevas estrategias de prevención.
Un fenómeno delictivo en expansión
Durante el encuentro, la fiscal Cornejo presentó un diagnóstico preocupante sobre la evolución de los ciberfraudes. Desde finales de 2022, el organismo registra un promedio de entre ocho y nueve denuncias por día, cifra que refleja la vulnerabilidad de los usuarios ante maniobras de ingeniería social, suplantación de identidad y el uso de programas maliciosos.
La funcionaria detalló que estas modalidades no solo afectan a particulares, sino que incluyen estructuras delictivas con alcance internacional. Además, advirtió sobre el avance de hechos de grooming y otras conductas ilícitas que se adaptan constantemente a los entornos digitales.
Propuestas para una respuesta integral
Para enfrentar esta problemática, Cornejo planteó la creación de una agencia local de protección y asistencia digital ciudadana que funcione las 24 horas. Esta entidad buscaría coordinar acciones con Defensa del Consumidor, entidades financieras y plataformas digitales para agilizar la detección de fraudes y brindar contención inmediata a las víctimas.
El debate legislativo incluyó la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas, una línea gratuita de denuncias y la incorporación de educación financiera y protección de datos en las escuelas. La participación de la Policía, representada por Carlos Reyes y Efraín Garzón, permitió coordinar criterios sobre las tareas preventivas y la necesidad de una cooperación asimétrica con el sector privado.
El Ministerio Público Fiscal subrayó que la lucha contra la Ciberdelincuencia requiere una respuesta coordinada entre el Estado y las empresas. La meta final es consolidar una ciudadanía informada y fortalecer las herramientas institucionales para reducir los riesgos de victimización en la red.
