Los agentes de la Gendarmería Nacional que estuvieron destacados en La Paz (Bolivia) después del golpe de Estado contra Evo Morales comenzaron a declarar este lunes como testigos en la causa por supuesto contrabando agravado de municiones a ese país y negaron haber usado esos pertrechos en prácticas de tiro, informaron fuentes judiciales.
En la primera jornada de testimoniales fueron tres los gendarmes que declararon bajo juramento de decir la verdad ante el juez Alejandro Catania y todos negaron haber participado de prácticas de tiro ante consultas específicas del juzgado, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación. La consulta sobre esas prácticas tienen que ver con una nota interna emitida por la Gendarmería Nacional en lo que se presume fue un intento de ocultar el verdadero destino de las más de 70 mil municiones antitumulto que el Gobierno de Mauricio Macri mandó a Bolivia en noviembre de 2019. En este expediente se investiga el supuesto desvío en el destino del material represivo que salió de la Argentina con el presunto objetivo de ser utilizado para la defensa de la embajada nacional en Bolivia y la residencia del embajador. El gobierno de Alberto Fernández denunció que aquellas municiones que envió la administración de Juntos por el Cambio fueron en realidad a parar a manos de la policía boliviana y la Fuerza Aérea de ese país y por ende pudieron haberse utilizado para reprimir las manifestaciones populares de apoyo al gobierno de Morales. Los gendarmes que comenzaron a testimoniar hoy integraron el primero de dos grupos que fueron destacados en el Estado Plurinacional de Bolivia después del comando Alacrán que viajó el 13 de noviembre de 2019 con en el mismo avión Hércules C-130 en el que se trasladaron las municiones. Serán dos rondas de testimoniales: la primera se extenderá entre el 21 de febrero y el 2 de marzo y abarcará a los integrantes de Gendarmería destacados en Bolivia entre el 10 de enero y el 1 de marzo del 2020, mientras que la segunda será del 7 al 16 de marzo e incluirá a los efectivos que estuvieron en La Paz entre el 28 de febrero y el 27 de junio. A partir de una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por el personal esa fuerza que fue desplazado a ese país. La justicia busca determinar, además, qué fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto, por lo que aún espera recibir desde Bolivia toda la documentación respaldatoria de aquella información que ya se encuentra en el expediente porque fue aportada por los denunciantes. Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont. En el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente. El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios del gobierno de JxC Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación) y al comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la policía boliviana el envío de elementos represivos.
