El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, resolvió el sobreseimiento definitivo del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otras nueve personas en el marco de la causa conocida como $Libra.
Javier Milei
La Justicia descartó la existencia de delitos económicos en la promoción del token.
La resolución judicial
El magistrado determinó, en coincidencia con el criterio de la Fiscalía, que no se configuraron los delitos de estafa, abuso de autoridad ni tráfico de influencias que se investigaban. La medida alcanzó también a Manuel Terrones Godoy, Julian Peh, María Alicia Rafaele y Camilo Rodríguez Blanco, entre otros.
El fallo establece que la formación del proceso no afectó el buen nombre y honor de los involucrados, ordenando el archivo del expediente una vez que la resolución adquiera firmeza.
Desestimación de delitos
Sobre la presunta estafa, el juez consideró que no existió un engaño penalmente relevante, al tratarse de un token que operaba en un mercado de alta volatilidad y especulación. Asimismo, se aclaró que la caída en la cotización de una criptomoneda no constituye por sí misma una maniobra fraudulenta.
En cuanto al rol de Javier Milei, el juzgado concluyó que sus publicaciones en redes sociales no representaron un acto institucional ni el uso de recursos públicos, descartando abuso de autoridad. Previamente, la Oficina Anticorrupción ya había desestimado infracciones a la Ley de Ética Pública.
Investigación sobre Karina Milei
Respecto a las sospechas sobre Karina Milei, la Justicia analizó posibles gestiones indebidas ante empresarios como Hayden Davis y Julian Peh. Sin embargo, las pericias realizadas por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal no hallaron pruebas de pagos o dádivas.
El juzgado determinó que las notas periodísticas sin firma y las publicaciones digitales mencionadas en el expediente no constituían pruebas objetivas suficientes para sostener una acusación por tráfico de influencias.
Con esta decisión, la Justicia cerró la investigación que vinculaba a los funcionarios y particulares con el lanzamiento y la promoción del proyecto de criptomonedas.
