La justicia federal recibió una denuncia contra la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su antecesora, Patricia Bullrich, a raíz de las declaraciones públicas realizadas por el Presidente Javier Milei. La presentación busca esclarecer la supuesta expulsión de 30.000 personas calificadas como "terroristas" durante 2025 y 2026.
Javier Milei
Según publicó Ámbito, Una abogada pidió investigar a la ministra de Seguridad y a su antecesora a raíz de las declaraciones del Presidente, quien afirmó que el Gobierno.
El origen de la presentación judicial
El planteo legal surge tras las afirmaciones del Presidente Javier Milei el pasado 27 de septiembre en un medio de comunicación, donde aseguró que el Gobierno había expulsado a 10.000 "terroristas" en 2025 y a otros 20.000 en lo que va de 2026. Según el mandatario, se trataba de individuos que ingresaron al país para "dinamitar el modelo argentino".
Ante esto, la abogada Valeria Carreras solicitó investigar a Alejandra Monteoliva y a Patricia Bullrich por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, entre otras posibles figuras legales que pudieran desprenderse del proceso.
Contraste con los registros oficiales
La denuncia sostiene que las cifras mencionadas por el Presidente no coinciden con los datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Según la presentación, durante 2025 se registraron 772 expulsiones por diversos delitos, sin que ninguna estuviera vinculada al terrorismo. Para 2026, los datos parciales indican 744 expulsiones y cerca de 18.947 rechazos o incidentes de entrada, nuevamente sin registros oficiales de terrorismo.
La denunciante cuestiona cómo se determinó la condición de "terroristas" de estas personas y si existió una tipificación formal. Asimismo, reclama determinar si desde el Ministerio de Seguridad se permitió la difusión de información falsa o exagerada sobre una supuesta amenaza a la seguridad nacional.
Medidas de prueba solicitadas
Carreras pidió que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones el detalle de todas las expulsiones y rechazos de 2025 y 2026, discriminados por causal. También solicitó información al Ministerio de Seguridad sobre los informes o comunicaciones internas que sustenten las declaraciones presidenciales.
Finalmente, la presentación exige que la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el fuero federal informen sobre la cantidad real de denuncias, imputaciones y condenas por terrorismo o financiamiento del mismo en el período mencionado, advirtiendo sobre la gravedad institucional que implica la falta de claridad en estas cifras.
La abogada concluyó que, ante la disparidad de datos, la situación requiere una investigación urgente para determinar si se trató de un error, una exageración o una ocultación de información, señalando que, de ser ciertas las cifras, quedaría en evidencia una falla grave en la política de Estado para prevenir la infiltración de amenazas.
