En una muestra de respaldo poco frecuente, 91 magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires manifestaron su firme rechazo al pedido de juicio político impulsado por el Gobierno de Jorge Macri contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, tras su decisión de declarar inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en un caso particular.
Laura Beatriz De Marinis
Según publicó Ámbito, Los magistrados cuestionaron la reacción del Ejecutivo porteño frente al fallo que declaró inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
El conflicto por la independencia judicial
Los jueces firmantes expresaron su profunda preocupación ante lo que consideraron una intromisión del Poder Ejecutivo. Según sostuvieron, recurrir a un juicio político por el contenido de una sentencia, en lugar de utilizar los mecanismos procesales de apelación, afecta gravemente la independencia judicial y el Estado de Derecho.
El documento subraya que, independientemente de si un fallo es compartido o no, las autoridades deben respetar las decisiones dictadas dentro de las competencias de cada magistrado. En este sentido, recordaron que el Ministerio Público Fiscal ya apeló la resolución, por lo que el expediente será revisado por una instancia superior, tal como prevé la legislación.
La declaración, que continúa abierta a nuevas adhesiones, exhorta a los funcionarios del Gobierno a actuar con prudencia y apego al derecho, evitando lo que los magistrados calificaron como un acoso institucional hacia la labor judicial.
Los fundamentos del fallo
La resolución de Laura Beatriz De Marinis, dictada en una causa por Robo, sobreseyó a un adolescente de 14 años. La magistrada aclaró en Radio Con Vos que su decisión no implica un rechazo general a la Ley del Régimen Penal Juvenil, sino que se limitó al caso concreto, considerando que la intervención penal resultaba regresiva y estigmatizante para un menor en situación de vulnerabilidad extrema.
La jueza explicó que el adolescente no contaba con intervenciones estatales previas en educación o alimentación, y que el sistema penal no debía ser la primera respuesta ante su situación. La medida contó con el respaldo de la Defensa Oficial y la Asesoría Tutelar, y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para brindar acompañamiento social.
Finalmente, la magistrada insistió en que la normativa puede armonizarse con la Convención de Derechos Humanos, pero advirtió sobre la necesidad de fortalecer el rol de las familias y los organismos estatales antes de someter a los adolescentes al sistema penal.
La controversia se mantiene latente mientras el expediente avanza hacia una revisión judicial superior, en un contexto donde la aplicación del nuevo régimen penal para adolescentes de 14 años sigue generando debates sobre sus alcances y límites constitucionales.
