El gobierno de Javier Milei avanzó con una actualización en los valores del nomenclador de prestaciones para Personas con Discapacidad, manteniendo una postura de confrontación con la Justicia y el Congreso al omitir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Ley de Emergencia en Discapacidad
Según informó Minuto Uno, el gobierno persiste en su negativa de aplicar la suba retroactiva exigida por la normativa.
Actualización arancelaria y rechazo a la normativa vigente
A través de la Resolución 2775/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Alejandro Vilches, el gobierno nacional dispuso un incremento del 2,1% en los valores del nomenclador para el mes de agosto. Este porcentaje responde a la inflación registrada por el Indec durante julio, consolidando una política de actualizaciones mensuales que, según denuncian diversos sectores, ignora los fallos judiciales y la Ley de Emergencia en Discapacidad ratificada por el Congreso.
La administración de Javier Milei, junto a Luis Caputo, ha sido cuestionada por omitir la aplicación de los aumentos retroactivos previstos en la Ley. Esta omisión se suma a la preocupación por un plan de fondo que buscaría eliminar el nomenclador y dejar librado a cada obra social y prepaga que defina por sí sola cuánto pagará a los prestadores por cada uno de los servicios.
Alcance de la medida y zona patagónica
El ajuste del 2,1% se aplicará de forma uniforme en todas las modalidades de atención contempladas en el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La normativa ratifica, además, la continuidad del adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en la denominada zona patagónica.
Este beneficio por zona desfavorable se mantiene vigente para compensar las condiciones geográficas y de acceso propias de esa región, que encarecen la prestación de servicios de Salud y apoyo para las Personas con Discapacidad.
El Nomenclador fue aprobado originalmente en 1999 por el entonces Ministerio de Salud y Acción Social mediante la Resolución 428/99. Desde entonces, sus aranceles reciben actualizaciones periódicas a partir de las propuestas que eleva el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas.
