El Gobierno busca acelerar la reforma de la Ley de Sociedades, estancada hace meses en el Senado, mediante una resolución de la Inspección General de Justicia que pone en práctica los lineamientos propuestos por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Ley de Sociedades
Según publicó Ámbito, Lo hizo a través de una resolución general de la IGJ que establece varios de los puntos que propuso el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
Implementación administrativa de la reforma
La Resolución General 11/2026, emitida por la Inspección General de Justicia, materializa varios de los cambios que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger presentó en junio. Entre las medidas más relevantes se encuentra la simplificación de los trámites de constitución, permitiendo que parte de la documentación sea fiscalizada de manera posterior.
Florencia Galante, directora de Global Entity Management en TMF Group, destacó que la eliminación del dictamen de precalificación profesional obligatorio reduce costos y tiempos. Además, la normativa flexibiliza el objeto social, permitiendo que las empresas incluyan múltiples actividades lícitas sin necesidad de demostrar conexidad, una medida que también habilita la integración de capital mediante criptoactivos.
La tensión por el estancamiento legislativo
El proyecto original, que busca facilitar la creación de empresas y eliminar formas de asociación, permanece sin fecha de tratamiento en el Senado desde hace cuatro meses. Esta demora se enmarca en un contexto de mayor vigilancia interna dentro del Gobierno, tras las controversias generadas por otras iniciativas de desregulación que obligaron a la creación de la Mesa Política para evitar conflictos en el Congreso.
Según Galante, la resolución permite que los efectos de la reforma se materialicen en la práctica sin esperar los tiempos del debate parlamentario. El objetivo central, tanto de la norma administrativa como del proyecto de ley, es reducir el control preventivo del Estado y ampliar la libertad de los particulares para estructurar sus negocios.
La estrategia del Poder Ejecutivo refleja la urgencia por avanzar con su agenda de desregulación, sorteando las trabas legislativas mediante herramientas administrativas mientras el proyecto de ley continúa bajo el escrutinio de los legisladores.
