Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot iniciaron una acción judicial ante el fuero Contencioso Administrativo con el objetivo de frenar los efectos de la derogación de la Ley de Tierras, establecida mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia por el Poder Ejecutivo Nacional.
Ley de Tierras
Según publicó Ámbito, Los diputados presentaron una medida cautelar contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que eliminó los límites para la adquisición de tierras rurales por.
El objetivo de la presentación judicial
La presentación, realizada por derecho propio, busca evitar que las operaciones de compra de tierras rurales por parte de extranjeros se consoliden como derechos adquiridos mientras el Congreso debate la validez de la norma. Los legisladores advirtieron que, de no dictarse una cautelar, las adquisiciones perfeccionadas durante la vigencia del Decreto podrían quedar protegidas incluso si el Poder Legislativo decidiera restablecer las restricciones originales.
El planteo surge tras un reciente fallo de la Corte Suprema, que si bien rechazó una demanda anterior por falta de legitimación, no se expidió sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni sobre las facultades del Congreso en esta materia.
Cuestionamientos al uso del Decreto
Pichetto y Massot cuestionaron la vía utilizada por el Poder Ejecutivo Nacional, argumentando que no se configuraron las circunstancias excepcionales de Necesidad y Urgencia requeridas por la Constitución Nacional. En su escrito, recordaron que el Congreso se encontraba en pleno funcionamiento y que el Senado ya había rechazado el Decreto en marzo de 2024.
Los diputados enfatizaron que las Tierras Rurales y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos y no renovables, por lo que su régimen de disposición debería ser definido por el Congreso y no por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
Ante la urgencia del caso, los legisladores solicitaron una medida interina de aplicación inmediata. Como alternativa, pidieron que se ordene al Registro Nacional de Tierras Rurales preservar toda la información sobre las operaciones realizadas por extranjeros y dar publicidad al proceso judicial en curso.
