En el marco de la causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni, el abogado Gregorio Dalbón presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo para frenar el posible cambio de fuero propuesto por la fiscalía y exigir una mayor intervención institucional.
Manuel Adorni
Según publicó Ámbito, el denunciante busca que se profundice la investigación sobre la conducta administrativa del funcionario.
El cuestionamiento al dictamen fiscal
Gregorio Dalbón cuestionó la postura del fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró que no existen elementos suficientes para sostener la figura de enriquecimiento ilícito y propuso que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. El denunciante advirtió que, si bien el fiscal descartó el enriquecimiento, reconoció indicios graves que ameritan profundizar la pesquisa.
Entre los puntos señalados por Dalbón figuran la omisión de declarar bienes durante varios años, la realización de pagos en efectivo, la intervención de terceros en las operaciones y la exteriorización de fondos posterior al inicio de la causa. Para el abogado, estos hechos exceden una simple evasión impositiva y comprometen el control sobre la conducta administrativa de un funcionario público.
Pedido de intervención de la Procuraduría
Ante este escenario, el letrado solicitó que se dé intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, para que evalúe si corresponde actuar en el expediente. El pedido sostiene que el objeto del proceso debe analizar la correspondencia entre los ingresos de Manuel Adorni y su patrimonio, así como la regularidad de sus declaraciones juradas.
Dalbón enfatizó que los delitos investigados no afectan a un particular, sino al erario público y al correcto funcionamiento del Estado. Por ello, reclamó que los denunciantes sean escuchados antes de que se adopte cualquier medida que pueda cerrar, restringir o desplazar la investigación, invocando la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
La presentación busca evitar que la causa se limite a una pesquisa tributaria, insistiendo en que la ciudadanía tiene derecho a que sus funcionarios ejerzan el cargo con probidad y a que su patrimonio sea explicable.
