La abogada que defiende a la niña abusada por la pareja de su abuela definió como “perversa” a la dilación en la interrupción legal del embarazo.
“La familia no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, tenían muy claro qué hacer”, dijo en diálogo con “Crónica” Fernanda Marchese, abogada de la niña tucumana de 11 años violada por la pareja de su abuela a quien le practicaran una cesárea en la semana 23 de gestación, a pesar de que la pequeña había hecho manifiesto su pedido de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El art.86 del Código Penal autoriza esta práctica cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fue producto de una violación.“El sistema de salud no aplicó el protocolo ni en los tiempos ni en las formas correctas. En cuanto los tiempos claramente hubo una dilación perversa, perpetuando una violencia institucional sobre la niña”, explicó la letrada. Al mismo tiempo sostuvo que no se dio intervención al instituto interdisciplinario como se establece en esos casos.
“Hubo una fuerte intervención por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Marchese y aseguró que sigue investigando para determina. responsabilidades e influencias porque, aseguró, “amedrentaron y tuvieron una presencia amenazante”, para obstaculizar la aplicación del protocolo en los médicos y la familia. En ese sentido, agregó que a la niña no se dio acompañamiento psicológico y que sus familiares no tenían la información suficiente. “No recibían información oficial, creemos que estaban presionadas por la misma institución de salud . por el propio ministerio público fiscal”.
Falta de asesoramiento
Marchese, que es directora ejecutiva de la ONG Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), indicó que al hablar con la niña y su madre comprendieron que no les habían explicado bien los alcances del protocolo.
“No les habían dado las oportunidades para que la niña elija. No fueron asesoradas correctamente. No les habían dado las opciones para aplicar en este caso. Además de la información mal dada, estaban presionadas y manipuladas para tomar una decisión”, denunció. A partir de ello, ambas organizaciones presentaron un pedido ante la Justicia para intervenir en el caso como amicus curiae (presentación ante el tribunal de un tercero sin interés directo en el caso). Recién en esta instancia, la familia de la nena recibió la contención interdisciplinaria prevista para estos escenarios.
“El estado y las instituciones estaban obstaculizando el acceso a la salud y a la justicia. El Estado no protegió a la niña”, concluyó.
