La senadora Patricia Bullrich se pronunció en contra de la condena impuesta a cuatro trabajadores de prensa en Formosa, calificando la situación como un ejemplo de autoritarismo provincial y defendiendo la libertad de ejercicio profesional, en una postura que contrasta frontalmente con la del presidente Javier Milei.
Patricia Bullrich
Según publicó noticiasargentinas, la senadora libertaria y exministra de Seguridad apuntó contra el gobernador Gildo Insfrán.
El conflicto judicial en Las Lomitas
El Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, a cargo del juez Omar Padilla, dictó una sentencia de cinco días de arresto contra Micaela Urdinez, Lautaro Martín Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Federico Corbalán. La resolución, identificada como N° 351/2026, argumentó que los comunicadores infringieron el Código de Faltas de Formosa al realizar tareas sin autorización previa ni carnet habilitante.
El hecho ocurrió en septiembre de 2025, cuando el equipo realizaba un informe para el proyecto Hambre de Futuro en la comunidad San José. En aquel momento, los periodistas fueron demorados por la policía tras una denuncia del cacique Guillermo López, quien posteriormente declaró desconocer el contenido del documento que había firmado.
Divergencias en el oficialismo
Patricia Bullrich utilizó sus redes sociales para cuestionar al gobernador Gildo Insfrán, señalando que en la provincia se castiga el ejercicio del periodismo. 'La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco', afirmó la senadora, poniendo en duda la calidad democrática en Formosa.
Esta postura se contrapone a la del presidente Javier Milei, quien celebró la sentencia judicial. El mandatario arremetió contra los profesionales involucrados, calificándolos de manera despectiva y acusándolos de favorecer a sectores políticos corruptos, cerrando su mensaje con un tono confrontativo.
El rechazo de las entidades periodísticas
Tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas como el Foro de Periodismo Argentino manifestaron su repudio ante el fallo. Ambas organizaciones subrayaron que en Argentina no existe requisito legal de licencia o autorización estatal para ejercer el periodismo, advirtiendo que la medida judicial constituye una forma de criminalización de la labor informativa.
La sanción, que permite sustituir el arresto por el pago de una multa de 282.550 pesos por persona, ha generado un fuerte debate sobre los límites del poder provincial y la protección de la libertad de prensa en el territorio nacional.
