En medio de una creciente tensión social y tras los violentos incidentes registrados frente al local bailable Punto Norte, la Cámara de Turismo del Norte de Salta y el Centro Empresario de Tartagal sentaron postura exigiendo que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia ante las graves acusaciones que circulan.
Punto Norte
Según publicó Nuevo Diario de Salta, las instituciones empresariales intervinieron tras la difusión de material en redes sociales que vincula al establecimiento con un presunto caso de maltrato animal.
El pedido de las instituciones ante la escalada de violencia
El comunicado conjunto de la Cámara y el Centro Empresario surge como respuesta a la fuerte controversia desatada por la viralización de imágenes y conversaciones que, según denunciantes, probarían una presunta matanza de gatos en el predio. La situación escaló rápidamente de las redes sociales a la calle, donde una manifestación frente al comercio terminó con destrozos en la fachada e intervención policial.
Si bien las entidades aclararon que comparten la preocupación ciudadana por el bienestar animal y reconocen el derecho a la protesta, advirtieron que las acusaciones deben ser canalizadas por las vías judiciales correspondientes. En ese sentido, hicieron un llamado a evitar condenas sociales anticipadas que podrían derivar en daños irreparables para los emprendimientos y las fuentes laborales de la zona.
La defensa del propietario y el reclamo de esclarecimiento
Por su parte, Carlos Moya, propietario de Punto Norte, rechazó categóricamente las acusaciones. Según su versión de los hechos, los animales no fueron sacrificados, sino que habrían sido sedados por un profesional veterinario para ser entregados a terceros. Moya cuestionó la veracidad del material difundido y anticipó que iniciará acciones legales por la situación.
Ante este escenario de versiones contrapuestas, las instituciones empresariales insistieron en la necesidad de que las autoridades competentes intervengan para esclarecer lo sucedido. El objetivo, según señalaron, es que cualquier irregularidad sea investigada bajo el marco institucional, garantizando el derecho a la defensa y evitando que el conflicto siga escalando en la comunidad de Tartagal.
La polémica mantiene en vilo a la ciudad, mientras se espera que la investigación judicial avance para determinar la veracidad de las denuncias y las posibles responsabilidades legales de los involucrados.
