En un fallo que abre el debate sobre el alcance de la nueva legislación, la jueza Laura De Marinis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró inconstitucional el artículo 1° del Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años imputado por tentativa de robo.
Régimen Penal Juvenil
Según publicó Elonce, La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
Argumentos del fallo
La magistrada fundamentó su decisión al considerar que la respuesta institucional prevista por la nueva Ley para el adolescente resultaba regresiva en comparación con el sistema anterior. Según el fallo, antes de la vigencia de esta norma, el Estado responsabilizaba al menor pero no lo perseguía penalmente, derivando su situación al sistema de protección integral.
De Marinis enfatizó que la incorporación al sistema penal debe ser siempre el último recurso. En su escrito, cuestionó la falta de respuestas del mundo adulto ante situaciones de vulnerabilidad, señalando que castigar a los menores por carencias previas implica una desresponsabilización de los adultos sobre su deber de cuidado y contención.
Cuestiones de competencia
Además de la declaración de inconstitucionalidad, la jueza rechazó el planteo de incompetencia presentado por la defensa oficial. Para sostener esta postura, se basó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece el carácter transitorio de los tribunales ordinarios en la Ciudad de Buenos Aires y la intervención del Tribunal Superior en conflictos de competencia.
Es importante señalar que esta decisión judicial tiene efectos limitados al caso analizado y no implica la suspensión de la Ley 27.801 ni una aplicación generalizada para otros adolescentes en situaciones similares.
El adolescente, identificado como M.I.A., fue el único de los cuatro imputados en el hecho que recibió el sobreseimiento tras este pronunciamiento judicial, que subraya la necesidad de abordar las trayectorias vitales de los menores desde la educación y la salud antes que desde la vía punitiva.
