Una polémica operación inmobiliaria sacude a la gestión de Rolando “Roly” Rojas en El Quebrachal. La compra directa de tres hectáreas por un valor de 45.000 dólares generó fuertes cuestionamientos debido a la falta de transparencia en el procedimiento y la sospechosa cronología de los pagos.
Rolando Roly Rojas
Según publicó Nuevo Diario de Salta, la maniobra administrativa quedó bajo la lupa por el manejo de los fondos públicos.
Cronología sospechosa y falta de aval legislativo
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo municipal, contempla la compra de tres hectáreas mediante tres cuotas de 15.000 dólares cada una. Sin embargo, la indignación vecinal estalló al conocerse que el primer pago se habría efectuado el día 15, mientras que el expediente ingresó al Concejo Deliberante recién el día 20 para su tratamiento.
Esta secuencia temporal abrió serios interrogantes sobre cómo se instrumentó una erogación de tal magnitud sin la autorización previa del cuerpo deliberativo. Los vecinos denuncian, además, una total falta de información sobre los criterios de selección del inmueble y las condiciones de la compra, habiéndose enterado de los detalles únicamente a través de las redes sociales.
El conflicto por los lotes en El Delcho
La controversia se agrava al contrastar esta compra con la situación en el predio deportivo municipal de El Delcho. Allí, numerosas familias que reclaman un lugar para vivir denuncian una presunta asignación discrecional de lotes en favor de funcionarios, integrantes de la gestión y familiares del intendente.
Los damnificados exigen explicaciones urgentes sobre los criterios de distribución y reclaman una instancia de diálogo con las autoridades. La disparidad entre la rapidez con la que se gestionó la compra de las tres hectáreas y la falta de respuestas a las necesidades habitacionales de los vecinos mantiene el debate encendido sobre el manejo de la política de tierras en el municipio.
La documentación del expediente y las explicaciones que pueda brindar el Ejecutivo serán determinantes para esclarecer si el procedimiento se ajustó a las normas vigentes o si, por el contrario, se trató de una maniobra administrativa irregular.
