En un dictamen explosivo, la fiscalía federal denunció un presunto entramado de corrupción que habría permitido a la droguería Suizo Argentina tomar el control operativo de la Agencia Nacional de Discapacidad, manipulando compras y direccionando fondos públicos.
Suizo Argentina
Según publicó Ámbito, la investigación reconstruye un complejo esquema de irregularidades que afectó el acceso a medicamentos de alto costo.
Un esquema de control y sobreprecios
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, este último de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, solicitaron la indagatoria de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, directivos de la Suizo Argentina. Según la acusación, la firma habría capturado el funcionamiento del organismo para beneficiar sus intereses económicos, coordinando un cartel de 14 droguerías para fijar precios y adjudicaciones.
El volumen económico del caso es alarmante: la empresa recibió órdenes de compra por más de 137 mil millones de pesos en 15 meses, representando cerca del 30% de las erogaciones totales de la Agencia Nacional de Discapacidad en ese período. Los investigadores sostienen que la compañía recibía información anticipada sobre las compras y decidía qué proveedores cobraban y quiénes sufrían demoras, utilizando el pago como una herramienta de disciplinamiento.
Un ejemplo contundente citado en el expediente involucra un medicamento para la esclerosis múltiple. Mientras que el costo de adquisición para la droguería era de 92.000 pesos, la Agencia Nacional de Discapacidad terminó pagando hasta 4 millones de pesos por unidad, un incremento de más del 4.000%.
Funcionarios, lobbistas y presuntos sobornos
La fiscalía también pidió ampliar las indagatorias de Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete. Se investiga el rol de Atchabahian como presunto operador de la firma y la relación con Calvete, quien habría recibido pagos injustificados y gestionado un viaje a Israel para Spagnuolo, lo cual es interpretado por los investigadores como un posible soborno.
Además, se identificó a la Droguería Génesis como una firma interpuesta utilizada para triangular ventas con sobreprecios superiores al 200%. Durante los allanamientos, la resistencia de la empresa a entregar claves de archivos encriptados fue señalada como un intento de ocultar la coordinación entre los empresarios y los funcionarios involucrados.
La defensa de la empresa
Por su parte, la Suizo Argentina rechazó las imputaciones y calificó la investigación de "falaz". En un comunicado, la firma sostuvo que los mensajes y audios incluidos en el expediente fueron sacados de contexto y defendió su trayectoria, asegurando que la mayor parte de su facturación proviene del sector privado. "El tiempo nos dará la razón, la inocencia es total", concluyeron desde la compañía.
En un cierre contundente, los fiscales subrayaron que este caso tiene "víctimas con nombre y apellido": las personas con discapacidad y sus familias, quienes dependen de la asistencia estatal para acceder a tratamientos indispensables y vieron cómo los recursos fueron desviados por un esquema de corrupción.
