Una profunda crisis política y financiera estalló en Paraguay luego de que el Banco Central ordenara la intervención de Ueno Bank, una entidad clave que administra cerca de US$850 millones en fondos públicos, tras detectar graves problemas de solvencia.
Ueno Bank
Según publicó Aries Online, la intervención de la entidad financiera ha desatado una ola de cuestionamientos que alcanzan directamente al Gobierno.
Crisis de solvencia y fondos públicos
La medida, anunciada el martes 3 de noviembre, se precipitó cuando el Banco Central detectó que el índice de solvencia de Ueno Bank cayó por debajo del 50% del mínimo legal exigido. La entidad, que cuenta con unos 2,9 millones de clientes, gestiona recursos estatales destinados a jubilaciones y salud, lo que ha generado una fuerte incertidumbre entre los ahorristas que se agolparon en las sucursales.
El banco pertenece al Grupo Vázquez, un conglomerado con el que Santiago Peña mantuvo vínculos comerciales hasta marzo de 2025. Esta relación ha sido el eje de las críticas políticas, al cuestionarse las operaciones de crédito realizadas con empresas vinculadas a los propietarios de la entidad.
Renuncias, detenciones y pedidos de juicio político
El impacto institucional fue inmediato: Carlos Carvallo renunció a la presidencia del Banco Central a pedido del mandatario. La salida de Carvallo es especialmente sensible, ya que anteriormente había dirigido Ueno Bank, lo que alimentó las sospechas sobre la falta de control y supervisión.
En el ámbito judicial, la Fiscalía inició una investigación penal que derivó en la detención de siete directivos del banco por presuntas irregularidades. Mientras tanto, en el Congreso, sectores de la oposición han formalizado pedidos de juicio político contra Santiago Peña, exigiendo explicaciones sobre el manejo de los fondos públicos comprometidos.
Aunque el Banco Central sostiene que se trata de un problema aislado de Ueno Bank y no de una crisis sistémica, el futuro político de Santiago Peña parece estar atado al avance de la investigación judicial y a la capacidad del Gobierno para garantizar la devolución de los depósitos.
