El límite de ingresos para acceder a estos servicios se amplió de dos a tres salarios mínimos, vitales y móviles, fortaleciendo las políticas de acceso a la justicia en toda la provincia.
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia amplió de dos a tres salarios mínimos, vitales y móviles el límite de ingresos establecido para acceder a los servicios gratuitos de asesoramiento jurídico y mediación comunitaria. La modificación se sustenta en la experiencia recogida desde la implementación de estas prestaciones, que permitió advertir que el límite anterior resultaba insuficiente para atender a un sector de la población que no podía afrontar los costos de una asistencia jurídica o mediación privada, pero que superaba por un margen reducido el requisito económico.
A través de una resolución de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se modificó el criterio de admisibilidad económica establecido en el programa “La Justicia Junto a Vos”. De esta manera, podrán acceder al servicio de asistencia, orientación y asesoramiento jurídico gratuito las personas cuyos ingresos sean inferiores a tres salarios mínimos, vitales y móviles, en lugar de los dos salarios establecidos anteriormente.
El programa tiene como objetivo garantizar un acceso real, gratuito, oportuno y descentralizado a servicios de asistencia, orientación y asesoramiento jurídico para personas en situación de vulnerabilidad económica y/o geográfica en la provincia de Salta.
En línea con esta decisión, otra resolución de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos elevó también el límite de ingresos para acceder al servicio de mediación gratuita que brindan los Centros Comunitarios de Mediación de toda la provincia.
La mediación constituye una herramienta de acceso a la justicia que permite a las personas, con el acompañamiento de profesionales capacitados, abordar sus conflictos y buscar acuerdos de manera voluntaria, confidencial y pacífica. De este modo, favorece la resolución temprana de las controversias y evita, cuando es posible, su judicialización.
Con esta ampliación, se busca que más personas puedan acceder a estos mecanismos gratuitos de resolución de conflictos y contar con orientación adecuada para el ejercicio y la protección de sus derechos.
