El Tribunal Oral Federal avanzó con nuevos embargos preventivos sobre bienes vinculados a los condenados en la Causa Vialidad, incluyendo el inmueble de San José donde reside Cristina Kirchner.
Causa Vialidad
Según publicó Ámbito, La Justicia dictaminó el embargo ya que la propiedad quedó incorporada al conjunto de activos sobre los que avanza para garantizar el cumplimiento del decomiso.
Detalles de la medida judicial
La resolución del Tribunal Oral Federal dispone el embargo preventivo del departamento ubicado en San José, propiedad de la firma Sauces. Esta medida se enmarca en la segunda etapa de ejecución patrimonial de la sentencia, cuyo objetivo es garantizar el decomiso de activos por un monto de 685.000 millones.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso aclararon que esta decisión busca asegurar la indisponibilidad jurídica de los bienes mientras avanza el proceso. Por el momento, la medida no implica el desalojo de Cristina Kirchner ni la subasta inmediata de la propiedad.
Avance sobre el patrimonio de los condenados
Esta instancia se suma a una etapa previa donde el fiscal Diego Luciani solicitó el decomiso de 111 propiedades, pedido que fue avalado por el tribunal. En noviembre, se dispuso el decomiso de 20 inmuebles de la familia Kirchner, 85 vinculados a Lázaro Báez y otros seis de los restantes condenados.
Aunque la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este criterio en febrero, las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez presentaron recursos que actualmente se encuentran bajo análisis de la Corte Suprema. Paralelamente, el tribunal avanza sobre una segunda tanda de 144 bienes, que incluye vehículos, participaciones accionarias y fondos en una caja de seguridad del Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner.
Fundamentos de la Justicia
Para extender las cautelares sobre los activos de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, el tribunal se basó en las conclusiones de la sentencia de la Causa Vialidad. Según los magistrados, la adjudicación de obra pública generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner a través de una relación comercial sostenida entre 2003 y 2015.
El fallo sostiene que el dinero proveniente del delito circuló mediante operaciones en hoteles y alquileres de propiedades, reflejándose en los activos de las sociedades Hotesur y Sauces. Bajo el artículo 23 del Código Penal, la Justicia busca alcanzar los bienes incorporados al patrimonio de los condenados y de las sociedades beneficiadas por el provecho del delito.
Mientras el Tribunal Oral Federal continúa con las medidas sobre la segunda tanda de activos, la situación definitiva de los bienes permanece sujeta a las resoluciones pendientes de la Corte Suprema.
