La expresidenta Cristina Kirchner formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el propósito de que se revise la sentencia dictada en la Causa Vialidad, que la condenó a seis años de prisión.
Cristina Kirchner
Según publicó noticiasargentinas, Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego llevaron la nueva evidencia al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El planteo ante el organismo internacional
Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego llevaron el caso ante la sede del Comité en Ginebra. El equipo legal sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales, por lo que solicitan que se deje sin efecto la inhabilitación que impide a Cristina Kirchner ejercer cargos públicos.
La presentación busca que el Comité, compuesto por 18 expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, trate el expediente durante su próxima sesión en octubre. Si bien las decisiones de este cuerpo no poseen carácter vinculante, suelen ser consideradas en debates jurídicos y pueden influir en el ámbito institucional.
La nueva evidencia sobre la obra pública
El eje central de la estrategia de la defensa se basa en una supuesta prueba determinante presentada recientemente. Según Beraldi, los datos analizados sobre la inversión en la Dirección de Vialidad durante la presidencia de Cristina Kirchner demostrarían que el porcentaje asignado a las empresas de Lázaro Báez era inferior al 1% del total.
Para el letrado, este hallazgo refuta la acusación de que se intentó beneficiar a Lázaro Báez, argumentando que las firmas del empresario ocupaban lugares relegados en comparación con otras compañías que no tenían relación con el gobierno de aquel entonces. Cabe recordar que la sentencia en la Causa Vialidad quedó firme tras la decisión unánime del Tribunal Oral Federal 2 y el rechazo del recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema de Justicia.
La defensa confía en que la presentación logre instalar el debate sobre las garantías procesales en el ámbito internacional, mientras el caso continúa siendo un punto de alta tensión en la Justicia argentina.
