La empresa Professional Communications presentó una demanda judicial alegando que el pliego de venta omitió pasivos contingentes y activos estratégicos, además de denunciar el uso ilegal de una patente.
privatización de transener
Según publicó Ámbito, la firma Professional Communications presentó una demanda ante el Contencioso Administrativo Federal para anular la venta de las acciones de Enarsa en Citelec/Transener.
La privatización de Transener, que quedó bajo control del Grupo Neuss y Genneia, enfrenta un nuevo revés judicial. La empresa Professional Communications SA inició una demanda para anular el proceso, argumentando que el pliego de licitación ocultó información crítica sobre activos y pasivos contingentes de la compañía.
Denuncia por irregularidades en el pliego
Según la presentación judicial, el conflicto tiene su origen en una disputa por el uso indebido de una patente de invención, propiedad de la firma denunciante, que data de hace 24 años. El abogado de la empresa, Claudio Barbieri, sostuvo que ya habían presentado una impugnación administrativa en febrero, meses antes de la apertura de sobres, la cual no fue resuelta por el Ministerio de Economía.
La demanda también cuestiona la falta de intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación en la auditoría de los pliegos y denuncia la desaparición de expedientes administrativos de los registros oficiales. Ante la falta de respuestas y el rechazo a solicitudes de acceso a la información, la empresa recurrió al fuero Contencioso Administrativo y presentó una queja por retardo de justicia ante la Corte Suprema.
El expediente detalla que la infraestructura de fibra óptica instalada en las líneas de alta tensión de Transener fue "deliberadamente omitida, subvaluada y sustraída del control público" durante la enajenación de las acciones de Citelec. Para los denunciantes, este activo intangible es estratégico y debió ser auditado y valuado correctamente antes de cualquier operación de venta.
El conflicto por activos estratégicos
Este conflicto se suma a las controversias que rodean la gestión de la empresa tras su privatización. Tras la venta de la participación de Enarsa por u$s356,1 millones, los nuevos dueños ordenaron el reparto de dividendos por $253.535.989.514, una cifra que representa aproximadamente dos tercios del valor pagado al Estado argentino por la transportadora eléctrica.
