Denuncias contra jueces: Un reciente informe titulado “¿Justicia intocable?” expone la alarmante dificultad para sancionar a magistrados en Argentina. Según los datos analizados, de las 5.170 denuncias recibidas por el Consejo de la Magistratura en casi tres décadas, una cifra ínfima derivó en medidas disciplinarias concretas.
denuncias contra jueces
Según publicó noticiasargentinas, un informe de la ACIJ revela que apenas 64 casos culminaron con alguna medida.
Cifras que cuestionan la transparencia
El estudio analizó el periodo comprendido entre 1999 y agosto de 2026, detectando que el Consejo de la Magistratura recibió 5.170 acusaciones contra jueces federales y nacionales. De ese total, solo 64 casos concluyeron en una resolución efectiva, lo que representa apenas el 1,3% de los expedientes.
La organización advierte que, si bien el sistema de remoción por mal desempeño o delitos busca garantizar la independencia judicial, en la práctica se ha transformado en una “garantía de impunidad”. De las denuncias procesadas, 4.910 fueron cerradas, de las cuales 3.700 fueron desestimadas y 469 caducaron por el paso del tiempo sin haber sido investigadas.
Obstáculos en la rendición de cuentas
El informe critica la falta de transparencia del organismo, que pese a estar obligado por ley a publicar los expedientes, difunde información escasa. Esta opacidad impide que la ciudadanía pueda seguir el avance de las investigaciones, debilitando los incentivos para mejorar el sistema.
Además, se cuestiona que el denunciante no tenga participación activa en el proceso, quedando imposibilitado de aportar pruebas o consultar sobre el estado de la causa una vez realizada la presentación inicial.
Casos emblemáticos de remoción
A lo largo de los años, el Jurado de Enjuiciamiento ha destituido a figuras de alto perfil. Entre los casos mencionados se encuentran el de Brusa, el primer juez destituido en el año 2000, y el de José Galeano, removido en 2005 por irregularidades en la causa AMIA.
Otros casos destacados incluyen a Miret, destituido en 2011 por omisiones en casos de torturas; Marquevich, suspendido en 2004; y Ricardo Bento, condenado a 18 años de prisión por liderar una asociación ilícita. El caso más reciente es el de Eugenio López, destituido en agosto de este año por conductas discriminatorias.
De las 64 resoluciones efectivas registradas en 27 años, 43 correspondieron a apercibimientos por faltas como violencia laboral o demoras en sentencias, mientras que solo 21 casos terminaron en la remoción definitiva del cargo.
