En el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, el abogado Gregorio Dalbón presentó un pedido formal ante el juez Ariel Lijo para que se ordene la inmediata detención de Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo del organismo.
Diego Spagnuolo
Según publicó Ámbito, Un abogado denunciante reclamó al juez Ariel Lijo que ordene la inmediata detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Nuevas pruebas y denuncias de sobreprecios
El planteo de Dalbón se sustenta en documentación reciente incorporada al expediente, la cual detalla una serie de irregularidades en las contrataciones realizadas durante la gestión de Spagnuolo. Según el escrito, se detectaron sobreprecios de gran magnitud, pagos duplicados a proveedores como Indecomm y la entrega de productos que no coincidían con lo adjudicado originalmente.
Entre los ejemplos citados, se menciona la adquisición de un sistema de válvulas bicaval transcatéter por 425 millones de pesos, cuando el PAMI había pagado un monto significativamente menor por el mismo insumo. Asimismo, se reportaron diferencias de hasta un 711% en otros productos y un sobrecosto en la compra de implantes cocleares, además de un informe que señala brechas de hasta un 4239% en artículos ortopédicos respecto a alternativas nacionales.
Riesgos procesales y audios comprometedores
El denunciante sostiene que estos hallazgos deben analizarse en conjunto con los audios que dieron origen a la investigación, en los cuales se escucharía a Spagnuolo referirse a un presunto mecanismo de cobro de dinero a proveedores. En dichas grabaciones, se alude a porcentajes de recaudación que, según la denuncia, estarían vinculados a la Presidencia y a Karina.
Dalbón argumenta que, tras la confirmación del procesamiento de Spagnuolo por parte de la Cámara Federal, existe un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación, dado que el exfuncionario poseería información clave sobre los circuitos administrativos. Además, el abogado invocó un posible peligro de fuga, recordando que el imputado fue localizado en un country de Pilar durante los allanamientos iniciales, y solicitó la detención como medida necesaria para garantizar la integridad del proceso judicial.
La solicitud presentada por Dalbón se encuentra ahora bajo análisis del juez Ariel Lijo, quien deberá determinar si los nuevos elementos y los riesgos procesales expuestos justifican una medida de coerción de esta naturaleza contra el exfuncionario.
