El oficialismo impulsa en el Senado la suspensión de las elecciones primarias. En paralelo, el Ejecutivo recibió un revés judicial por el DNU de prepagas y enfrenta críticas por indicadores sociales.
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Según publicó TN, la pobreza podría alcanzar el 42,4 por ciento según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
El Gobierno nacional logró obtener dictamen en el Senado para avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La intención del oficialismo es tratar la medida en el recinto la próxima semana, en una estrategia que busca reconfigurar el escenario electoral y limitar las internas partidarias.
Estrategia electoral en el Congreso
La gestión de Javier Milei atraviesa una semana compleja tras dos fallos de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que eliminaban el control de la Superintendencia de Servicios de Salud sobre los aumentos de las cuotas de las prepagas. Los jueces consideraron que el Ejecutivo no justificó las circunstancias excepcionales para implementar esta medida mediante un decreto.
Revés judicial contra el DNU
En otro fallo, la Corte desplazó al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA, asignando el expediente al juez Daniel Rafecas. Esta decisión impacta en el ámbito judicial mientras el Gobierno busca avanzar con la designación de nuevos magistrados en el Senado.
En el plano económico y social, el Gobierno ratificó que no implementará planes de estímulo al consumo, a pesar de los indicadores de caída en las ventas. Según datos del sector, la venta de pan descendió un 55 por ciento en los últimos dos años, mientras que los productos de confitería y pastelería registraron una baja de hasta el 80 por ciento interanual.
Indicadores de pobreza y consumo
Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA advirtió que la pobreza podría llegar al 42,4 por ciento, superando el 32,3 por ciento informado por el Indec. El informe señala que la medición oficial utiliza una canasta desactualizada y propone incorporar patrones de consumo más recientes para reflejar la situación actual de los ingresos de trabajadores y jubilados.
