Escándalo en Brasil Lula: A solo tres días del balotaje presidencial en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro formalizaron un acuerdo ante el Tribunal Superior Electoral para levantar recíprocamente sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos.
Escándalo en Brasil Lula
Según publicó Ámbito, el pacto abarca también a familiares y empresas vinculadas a ambos dirigentes en medio de un clima de acusaciones cruzadas por presuntos hechos de corrupción.
Los detalles de un pacto explosivo
La iniciativa nació de un desafío lanzado por Lula durante un debate televisado, donde propuso transparentar sus registros personales si su adversario hacía lo mismo. Tras intensas negociaciones entre las campañas, se estableció que la información se publicará de forma simultánea en un portal de acceso público una vez que los organismos pertinentes remitan los datos.
El acuerdo exige que las autoridades soliciten informes al Banco Central, la Receita Federal y las compañías telefónicas. Las campañas fijaron como plazo límite la medianoche de este jueves para presentar las autorizaciones necesarias que permitan acceder a los registros de terceros.
Condiciones y acusaciones cruzadas
Flávio Bolsonaro condicionó su aceptación a que la medida incluyera datos sobre el entorno de Lula, tales como los gastos de la tarjeta corporativa de la Presidencia desde 2023, la agenda de Janja Lula, los registros de visitas de los hijos del mandatario al Palacio de la Alvorada y el uso de helicópteros oficiales.
El coordinador de la candidatura de Lula, Camilo Santana, confirmó que el oficialismo aceptó los requerimientos. Este pacto ocurre en un contexto judicial complejo, donde Flávio Bolsonaro es investigado por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero vinculados al Banco Master, mientras que un hijo de Lula también enfrenta pesquisas judiciales, acusaciones que han sido rechazadas por los involucrados.
El compromiso, que busca despejar dudas en la recta final de la campaña, también incluye la revisión de los vínculos del Gobierno con el exbanquero Daniel Vorcaro, cerrando un capítulo de alta tensión política en Brasil.
