El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a cuatro reclusos alojados en el Establecimiento Penitenciario de San Salvador, Jujuy, tras comprobarse que integraban una asociación ilícita dedicada a brutales estafas y extorsiones utilizando la identidad del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Horacio Rosatti
Según publicó Noticias Argentinas, la investigación desarticuló una banda que operaba desde el interior del penal jujeño.
El ardid delictivo desde el penal
Los procesados, identificados como Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, fueron señalados como coautores de una asociación ilícita en concurso real con los delitos de estafa, extorsión y usurpación de autoridad. La organización operó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta octubre de 2025.
La maniobra consistía en utilizar perfiles de WhatsApp con fotografías de Horacio Rosatti y del edificio de Tribunales para contactar a dependencias de fuerzas de seguridad y obtener datos personales de detenidos. Con esa información, los imputados se comunicaban con los familiares de las víctimas para exigir dinero bajo la promesa de gestionar libertades, fianzas o cauciones judiciales.
Investigación y pruebas
La causa se inició en noviembre de 2024, luego de que un llamado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina alertara sobre una comunicación sospechosa donde alguien se identificaba falsamente como el titular de la Corte. El rastreo de las llamadas condujo directamente al penal de Jujuy.
Durante los allanamientos realizados en diciembre de 2024, se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM y anotaciones con alias y cuentas bancarias. Entre los hechos documentados, se destaca el caso de Claudio Ariel Sarmiento, quien transfirió 450.000 pesos, y el de Camilo Vallejos, quien denunció un perjuicio de hasta 10.000.000 de pesos tras ser engañado con un falso premio.
Además de la prisión preventiva, el juez Julián Ercolini trabó un embargo de 5.000.000 de pesos sobre los bienes de cada uno de los cuatro procesados y notificó de la resolución a la Defensoría Pública Oficial, a la Fiscalía Federal y al Juzgado de Ejecución de la Pena de Jujuy.
