Ley de Tierras Rurales: El debate sobre la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros regresó al Congreso. Un grupo de senadores presentó una iniciativa para restablecer la Ley 26.737, que imponía un límite del 15% a la titularidad foránea, luego de que el Poder Ejecutivo eliminara estas restricciones mediante el DNU 70/2023.
Ley de Tierras Rurales
La venta de tierras rurales a extranjeros volvió al centro del debate tras un fallo de la Corte Suprema.
El trasfondo judicial y el rol de la Corte
La presentación legislativa surge a raíz de una reciente resolución de la Corte Suprema. El máximo tribunal revocó una sentencia previa de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el cual derogaba la normativa vigente sobre tierras.
La Corte Suprema basó su decisión en una cuestión procesal vinculada a la legitimación de la entidad demandante, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, sin emitir un fallo sobre la constitucionalidad de fondo. Ante este escenario, la derogación dispuesta por el Poder Ejecutivo permanece operativa, trasladando la resolución definitiva al ámbito parlamentario.
Alcances y fundamentos de la propuesta
El proyecto, impulsado por José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino, busca restablecer el régimen de la Ley 26.737. Esta norma, sancionada en 2011, establecía un tope del 15% para la posesión extranjera de tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial, además de limitar la concentración en manos de un mismo titular.
En sus fundamentos, los senadores sostienen que el suelo es un recurso estratégico vinculado a la seguridad nacional y no una mercancía sujeta únicamente a la oferta y la demanda. Asimismo, argumentan que la ley anterior no prohibía la inversión extranjera, sino que establecía límites razonables para evitar la extranjerización excesiva de los recursos naturales.
El proyecto deberá ahora transitar el proceso legislativo en comisiones para su posterior tratamiento en el recinto. Mientras tanto, la discusión se mantiene en un contexto de tensión política, dado que el DNU 70/2023 ya cuenta con un rechazo en el Senado y aguarda su definición integral en la Cámara de Diputados.
