Héctor Eduardo Machuca, imputado por grooming, deberá continuar su detención en la Comisaría Segunda de Barranqueras después de que el Equipo Fiscal Nº 13 revocara su prisión domiciliaria debido a reuniones religiosas en su hogar.
Según publicó Infobae, El Equipo Fiscal Nº 13 dispuso que el imputado continúe alojado en la Comisaría Segunda de Barranqueras.
Revocación de la prisión domiciliaria
El Equipo Fiscal Nº 13 tomó la decisión de revocar la prisión domiciliaria de Héctor Eduardo Machuca, quien se encontraba bajo esta modalidad por razones humanitarias relacionadas con su salud. La medida fue impulsada por la presentación de pruebas que demostraron el incumplimiento de las condiciones impuestas para su detención.
La Defensora Pública de Víctimas aportó material fílmico y fotográfico que evidenció la participación del imputado en reuniones en su hogar, lo que motivó la revisión de su situación. La Fiscalía consideró que estas acciones eran incompatibles con los fines de la prisión domiciliaria.
Condiciones de la detención domiciliaria
El Equipo Fiscal aclaró que la prisión domiciliaria no debe interpretarse como una flexibilización de la prisión preventiva, sino como una medida excepcional que debe cumplirse con estrictas limitaciones. La presencia de terceros y la realización de encuentros, incluso con motivos religiosos, violan las condiciones de aislamiento impuestas por la autoridad judicial.
La resolución enfatiza que el objetivo principal es proteger a las víctimas y evitar cualquier situación que pueda afectar la investigación en curso.
Consecuencias de la revocación
Tras la revocación de la prisión domiciliaria, Machuca fue trasladado nuevamente a la Comisaría Segunda de Barranqueras, donde permanecerá detenido mientras avanza la investigación. Este caso se convierte en un precedente importante sobre la aplicación de la prisión domiciliaria en el contexto judicial local.
La intervención de la Defensora Pública de Víctimas fue clave para la revisión de la situación de Machuca, destacando la importancia del cumplimiento de las condiciones de detención para garantizar la integridad del proceso judicial y la protección de las víctimas.
